La petición formulada por el Movimiento Bases del Magisterio respecto a que se investigue el manejo de fondos millonarios provenientes de las cotizaciones de las y los docentes tanto al Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema) como a los distintos colegios magisteriales a los que se encuentran afiliados, no solo es justa, sino igualmente necesaria.
Las bases desconocen, por falta de informes anuales presentados a las respectivas asambleas, el destino de tales cotizaciones, manejadas con secretividad en ocasiones por falta de transparencia y rendimiento de cuentas por parte de las directivas escogidas en elecciones no siempre honestas, caracterizadas por la imposición e irregularidades durante los procesos electorales.
Quienes llegan a acceder a puestos directivos tienden al acomodo con el gobierno central de turno, para su provecho y conveniencia personal, no para bien de la membresía. Una vez electos, algunos (as) administran los fondos que ingresan a las arcas magisteriales de manera arbitraria y unilateral, buscando ser reelectos para continuar en el disfrute de privilegios y canonjías. Todas estas irregularidades han creado descontento y malestar en las filas de las y los mentores, laborantes tanto en el nivel primario como medio.
Los docentes se resisten a continuar siendo manipulados (as) para ser utilizados (as) como trampolín para objetivos personales y no colectivos.
En el Inprema, las cuantiosas inversiones realizadas por quienes son nombradas para su administración, devengando elevadas remuneraciones, a veces las han destinado a proyectos que a veces implican riesgos respecto a su rentabilidad y seguridad.
No es casual que varias juntas interventoras hayan sido nombradas de tiempo en tiempo, ordenadas por el Poder Ejecutivo para fines de investigación y control.
Es por ello que la coordinadora de dicho movimiento, Julia Yanes, declaró que exigen auditorías forenses de tales recursos: “Estamos pidiendo que se intervengan las organizaciones y se revisen los fondos de previsión y beneficios que manejan porque nadie los audita ni los fiscaliza...”.
Dijo que los docentes aportan mensualmente cantidades significativas a los colegios magisteriales a través de deducciones salariales, sin que esto se traduzca en beneficios concretos para los afiliados. “Hay profesores a los que se les deduce hasta 3,000 lempiras y no tienen ningún beneficio en vida”, apuntó. Quien no las teme no las debe, de modo que bajo ningún concepto puede calificarse de intervencionismo ni injerencia en los asuntos internos de cada colegio magisterial el que sea sometido a ser investigado respecto al destino de sus respectivos fondos vía auditorías forenses.
El resultado final de las mismas dará cuenta de la manera en que han sido administradas tales cantidades y el destino que se les ha dado.
