Las crecientes acciones del actual gobierno israelí, cada vez más influido por los partidos políticos religiosos y de extrema derecha que forman parte de la coalición oficial presidida por el primer ministro Netanyahu, desafiando abiertamente a las Naciones Unidas e incluso a su principal aliado, el gobierno estadounidense, tienden a impedir cualquier posibilidad de un Estado palestino constituido por Cisjordania o Margen Occidental del río Jordán y la Franja de Gaza, poseedor de continuidad geográfica y con límites fronterizos claramente delimitados.
Diversas medidas han acelerado tal ocupación y despojo de tierras pertenecientes a familias palestinas: acelerada construcción de viviendas para los colonos israelíes a expensas de territorios ajenos; expansión de los asentamientos hebreos; cada vez mayor número de actos violentos en contra de la población palestina, contando para ello con la colaboración del Ejército, la Policía y paramilitares judíos; y fragmentación deliberada de Palestina, ya un mosaico exento de contigüidad territorial. El irrespeto a los monumentos religiosos musulmanes por parte de extremistas judíos añade más combustible a la hoguera y a la violencia inducida por las provocaciones que conducen a mayores derramamientos de sangre, polarizando cada vez más a dos pueblos que tanto la historia como la geografía obligan a intentar convivir en paz y armonía.
La Autoridad Palestina, ente encargado de la gobernanza de Cisjordania, ha perdido mucha credibilidad y legitimidad entre sus compatriotas debido a la crónica corrupción que la afecta, su colaboración con las fuerzas de ocupación israelíes en la represión de grupos armados disidentes, su renuencia a convocar a elecciones para renovar al personal encargado de la gestión municipal. Sus funciones, competencias y responsabilidades administrativas son cada vez más débiles e ineficientes, dependiendo para ello de las ayudas monetarias de países árabes y europeos, además de las transferencias del Estado hebreo. Con ello, los servicios básicos en salud y educación se deterioran aún más, agravando las precarias condiciones de vida, particularmente en los campos de refugiados constituidos por los descendientes de familias palestinas desalojadas de sus propiedades a partir de 1947, cuando la ONU decidió dividir Palestina en dos Estados: uno judío y otro palestino.
El conjunto de medidas cada vez más restrictivas por parte del régimen sionista no solo debilita aún más, si cabe, a la Autoridad Palestina, sino que igualmente provoca actos violentos entre la juventud palestina, cada vez más alienada y radicalizada al concluir que el diálogo y las negociaciones con la contraparte israelí no conducen a resultado alguno, más que a transformarse en vasallos de un Estado que viola cualquier intento de convivencia pacífica con el reconocimiento del derecho inalienable a la autodeterminación, es decir, a la creación del Estado palestino -libre, soberano e independiente-, posibilidad cada vez más lejana ante la rotunda negativa de Tel Aviv de admitir tal derecho, respaldado incluso por cercanos aliados de Washington.
Entretanto, la matanza de palestinos pobladores de Gaza, sobreviviendo precariamente entre toneladas de escombros, expuestos a enfermedades, hambrunas colectivas y bajas temperaturas, continúa imparable.
