La propuesta del presidente Asfura de comprar un hospital de los que funcionan a nivel privado en la capital no es la más adecuada para resolver los problemas de salud de Honduras. Un hospital privado no fue construido mediante un diseño para su utilización en salud pública y se requerirán adaptaciones caras. Esa compra podría dar lugar a dudas y especulaciones. Será botar el dinero.
El problema de por qué el Hospital Escuela no funciona como debería no es la falta de espacio, sino las razones siguientes: atiende la consulta externa de todo el país y gasta sus recursos, y por eso no resuelve las tareas que le corresponden como gran centro de referencia nacional. El Estado no ofrece al Hospital Escuela los recursos necesarios para brindar atención adecuada a sus pacientes. A veces no hay medicamentos, las lavadoras no funcionan o no hay ropa, no hay especialistas, no siempre está al frente una dirigencia especializada y capacitada y, para que no haya excepciones en el quehacer público, también lo corroe la peste de la corrupción.
Como en Honduras, por negligencia nacional, no tenemos un plan de desarrollo a largo plazo, cada administración abandona los proyectos de la administración anterior, como si no valieran nada.
El gobierno anterior dejó varios hospitales sin concluir, ubicados en sitios que pueden absorber perfectamente parte de la demanda que acude al Hospital Escuela y que descongestionarán la obra que planificó y dirigió en su construcción y su funcionamiento inicial el mismo Dr. Enrique Aguilar Cerrato. Libre de esta demanda, el Hospital Escuela se dedicaría también a la docencia y a la investigación.
En su debido momento, yo opiné para que doña Xiomara oyera mis consejos: no era el momento para ponernos a construir hospitales porque la solución, en estas circunstancias que atraviesa el sistema de salud, requiere otras medidas de arranque. Pero los hospitales están a medio construir, y terminarlos y echarlos a andar se convierte en una exigencia perentoria. Habrá que esperar algunos meses para concluirlos, pero serán más adecuados y con mayor acierto en el enfrentamiento de un reinicio necesario de nuestro sistema de salud para ser eficiente.
¿Cuál es el camino a seguir? Volver al sistema que dejó plenamente en marcha el Dr. Enrique Aguilar Cerrato, que funcionó bien, que ayudó muchísimo a cumplir las metas de salud para todos y que fue motivo de observación y copia por muchos países que vinieron a ver los éxitos reales y verificables. Quizá también sea necesario revisar las recomendaciones que en sus libros nos dejó el Dr. Carlos Godoy Arteaga de un solo sistema de seguridad para todos los hondureños.
El Sistema de Extensión de la Cobertura que impulsó el gobierno de López Arellano consistía en escalonar en niveles los servicios de salud: atención primaria en los centros de salud rurales y de los municipios, villas y comunidades pequeñas; atención de un nivel intermedio en los hospitales de las cabeceras departamentales; y atención de alto nivel en los hospitales nacionales: los de Tegucigalpa, los de San Pedro Sula y quizá, más adelante, otros hospitales de alta especialización: traumatológico, oncológico, cardiológico y otros necesarios, de acuerdo con cómo alcance la cobija del presupuesto y las necesidades. A cada nivel se accedería mediante remisión.
Por ahora, presidente Asfura, el paso a dar es nombrar un médico general en todos los centros de salud rurales y municipales, echar a andar el proyecto del laboratorio de fabricación de los medicamentos del cuadro básico y montar una fábrica y taller de fabricación y reparación de aparatos médicos y de herrajes para las cirugías ortopédicas (gran parte de los fracturados no se operan por los costos elevados de clavos y tornillos que asumen los pacientes). La Unah debe colaborar eficientemente. Así tendrá una demanda satisfecha y los hospitales dedicados a sus tareas fundamentales.
No estaría de más que todas las instalaciones sanitarias públicas cobren a los responsables por los tratamientos para personas agredidas o que fueron víctimas de atropello por accidentes. Hoy los culpables no asumen ninguna responsabilidad y nos toca a los hondureños pagar por las fechorías de delincuentes o de conductores irresponsables. El pago será parte de la condena y la ley debe reformarse en tal sentido. Así, las instituciones públicas de salud aliviarían sus necesidades de más financiamiento.