Ante la escalada de precios de los combustibles, diversos países de Latinoamérica están adoptando medidas de corto y mediano plazo para hacerle frente a dichos aumentos.
En general, las acciones implementadas por los Gobiernos se pueden clasificar en cuatro grandes categorías:
1. Medidas de alivio inmediato: reducción de los impuestos a los combustibles, subsidios directos a los consumidores y, en algunos casos, controles o topes de precios (corto plazo).
2. Apoyo focalizado a hogares y sectores sensibles: sustituir subsidios generalizados por transferencias compensatorias mejor dirigidas (corto plazo).
3. Reformas fiscales de mediano plazo: impuestos a la emisión de carbono e impuestos específicos a los combustibles (mediano plazo).
4. Diversificación y eficiencia energética: inversión en energía renovable, proyectos de hidrógeno y almacenamiento de energía (mediano plazo). Sin embargo, cuando se examinan las medidas adoptadas en cada país latinoamericano se encuentran similitudes y diferencias.
México: optó por estímulos fiscales para gasolina y diésel, y acuerdos voluntarios para mantener estables los precios del diésel y la gasolina magno (súper).
Colombia: redujo el subsidio a la gasolina y ajustó la carga para bajar el impacto en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC).
Chile: usó el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) e implementó medidas de apoyo para amortiguar el alza de los combustibles.
Argentina: postergó el aumento a los impuestos de los combustibles y dio paso a una relajación temporal de estándares de gasolina, con precios alineados con el mercado y la inflación.
Brasil: ha privilegiado la diversificación energética y de biocombustibles. En 2025 aprobó elevar la mezcla obligatoria de etanol en gasolina y biodiésel, junto con una política tributaria que favorece el etanol frente a la gasolina.
Perú: mantiene el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC) reforzado con créditos suplementarios para evitar los saltos bruscos en los precios del diésel y otros derivados del petróleo.
Honduras: ante la reciente alza de los combustibles, el Gobierno hondureño decidió mantener y prorrogar el subsidio del 50% sobre los incrementos semanales de la gasolina regular y el diésel, con vigencia hasta el 30 de abril de 2026, y además conservar congelado el precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP) doméstico en su presentación de 25 libras, como una medida para amortiguar el impacto en la economía de los hogares hondureños.
La pregunta del millón consiste en saber ¿hasta cuándo podrá el Gobierno hondureño seguir subsidiando los combustibles?
A partir de la información periodística más reciente, se considera que el costo inmediato del subsidio aludido asciende al menos a L536 millones en lo que va de 2026, monto que el Estado ha destinado para absorber hasta el 50% de los aumentos semanales a los combustibles. Esa cifra debe tomarse como un piso y no como un total final, porque el subsidio sigue vigente y el monto puede crecer mientras continúen las alzas.
Como referencia más amplia, la Secretaría de Finanzas informó que los subsidios vinculados a combustibles sumaron L27,369 millones entre 2022 y 2025, lo que ayuda a dimensionar el peso fiscal de estas medidas, en un ambiente de menos alzas de precios.
Dado el alto costo del subsidio ya es tiempo de que el Gobierno constituya un Fondo de Estabilización de Precios de la Energía (FEPE).
