Hay promesas que suenan ingenuas hasta que uno revisa quién las cumplió, aunque fuera a medias, durante ochenta años.
En 1795, en plena fiebre de guerras napoleónicas, Immanuel Kant publicó un opúsculo breve llamado “La paz perpetua”, donde proponía algo que a sus contemporáneos les pareció una fantasía de profesor encerrado en su estudio.
Una federación de repúblicas libres, atadas por el derecho internacional y por el comercio, podía domesticar con el tiempo la guerra entre naciones, no porque los hombres se volvieran bondadosos, sino porque las instituciones compartidas hacían más caro el conflicto que la cooperación.
Kant nunca vio nacer ni la Sociedad de Naciones ni la ONU, pero ambas son, con todos sus defectos, el intento más serio que la humanidad ha hecho por tomarle la palabra.
Aquí conviene una confesión profesional. He trabajado en el sector gubernamental y diplomático por un tiempo y, desde ahí, he visto de cerca algo que el ciudadano común casi nunca percibe: que un país pequeño como el nuestro participa activamente en ese entramado multilateral, desde la lucha contra la corrupción hasta foros especializados en Viena y Nairobi.
Honduras ocupó un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad una sola vez, entre 1995 y 1996, elegido con 170 votos de 170 posibles, gracias a que América Latina y el Caribe suele presentarse con un candidato único para evitar contiendas desgastantes.
Más de treinta y ocho años después, el país debería volver a considerar esa misma candidatura.
Lo deseo no por presumir, sino porque desmiente la pereza con la que a veces descartamos a la ONU como un foro lejano donde Honduras no pinta nada.
Ese mismo entramado multilateral, por ejemplo, sostiene hoy en el país un proyecto contra la corrupción financiado por la Unión Europea, con varios millones de euros destinados a fortalecer la transparencia en diez departamentos. Nada de eso sale de nuestro bolsillo.
Y aquí llega el dato que de verdad cambia la conversación. Honduras aporta una fracción casi simbólica del presupuesto regular de Naciones Unidas. Quienes sostienen ese edificio son Estados Unidos, con el 22%, y China, con cerca del 20%.
Cuando se quejan de que la ONU “es un gasto de dinero”, casi nunca se detienen a preguntar de quién es el dinero. No es nuestro. Son los países ricos los que financian, con su propio egoísmo estratégico incluido, un sistema del que países pequeños como el nuestro salen, en términos netos, beneficiados.
Y, sin embargo, ese sistema también sabe morder. Charles Taylor, presidente de Liberia, fue acusado formalmente en 2003 por el Tribunal Especial para Sierra Leona mientras todavía gobernaba, lo que aceleró su salida hacia el exilio en Nigeria.
Tres años después terminó extraditado, juzgado en La Haya y condenado a cincuenta años de prisión.
No es el derecho internacional por sí solo -nunca lo es-; siempre hace falta también la presión diplomática regional y el cansancio de los propios ciudadanos. Pero sí fue una pieza decisiva en el engranaje que derribó a un hombre que durante años se creyó intocable precisamente porque ningún tribunal del mundo podía tocarlo.
Vivimos, lo noto cada semana en mi propio trabajo, un regreso abierto al tribalismo: Estados Unidos se retira de organismos que antes financiaba y hay gobiernos que prometen soberanía mientras desmontan los únicos tribunales capaces de frenarlos.
Para una potencia, ese repliegue cuesta orgullo. Para Honduras, para cualquier Estado pequeño en la periferia, cuesta la única red de protección jurídica que existe contra el vecino poderoso.
¿Qué nos queda a los países pequeños cuando los grandes deciden, unilateralmente, que ya no necesitan jugar bajo las mismas reglas que ellos mismos escribieron?
