La elección de nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral no debe verse como un trámite más del Congreso Nacional. Tampoco como una simple sustitución de nombres. Lo que está en juego es más profundo: la confianza anticipada del país en quienes administrarán y juzgarán el próximo proceso electoral.
En Honduras, cada elección institucional nace bajo una pregunta incómoda: ¿se está escogiendo capacidad o se están repartiendo cuotas? Esa sospecha no aparece por casualidad. Es resultado de años de negociaciones, equilibrios partidarios, silencios convenientes y decisiones que muchas veces se explican mejor por la aritmética política que por la idoneidad pública.
El CNE y el TJE cumplen funciones distintas, pero sostienen una misma columna democrática. El primero administra el proceso electoral; el segundo resuelve los conflictos que ese proceso genera. Si uno falla, se debilita la organización de la elección. Si el otro falla, se debilita la justicia electoral. Si ambos nacen cuestionados, el país entra al proceso con desconfianza acumulada.
Por eso, las audiencias públicas no deberían ser una formalidad. Deben servir para medir criterio jurídico, independencia, solvencia ética, experiencia técnica, serenidad ante la presión y comprensión real del sistema electoral. No basta con escuchar respuestas correctas. Hay que observar trayectorias, vínculos, contradicciones, respaldos, vetos y costos reputacionales como las pruebas toxicológicas.
La pregunta central no es únicamente quién será electo. La pregunta verdadera es con qué legitimidad llegará, a quién representa, quién lo impulsa, quién lo tolera y cuánto podrá resistir el escrutinio ciudadano. En materia electoral, la apariencia de independencia también importa, porque la confianza pública se construye tanto con legalidad como con percepción de imparcialidad.
Quienes hemos observado estos procesos sabemos que la hoja de vida no siempre cuenta toda la historia. También pesan las negociaciones, los equilibrios, los acuerdos no dichos y las señales que cada bancada envía al colocar o bloquear nombres.
Honduras necesita autoridades electorales técnicamente competentes, políticamente defendibles y públicamente confiables. No perfectas, pero sí suficientemente sólidas para no llegar debilitadas antes de empezar, porque el proceso de elecciones no comienza el día de ir a votar. Comienza cuando el país decide quién tendrá la autoridad de organizarlas y la responsabilidad de juzgarlas.
