Después de dos años de trabajo, he publicado “La Matanza de los Horcones” - “Memoria, verdad y justicia en Honduras”-, en el que narro la historia de una masacre, la lucha de un pueblo y el fracaso del reformismo militar.
Los hechos ocurrieron el 25 y 26 de junio de 1975, en los que fueron asesinadas 15 personas: dos señoritas -una colombiana y una hondureña-, dos sacerdotes católicos y once dirigentes y trabajadores campesinos en Juticalpa y Lepaguare, en la finca “Los Horcones”, a manos de miembros de las FFAA, encabezados por José Enrique Chinchilla. Y en el que se demuestra que se trató de un crimen del Estado en contra del pueblo hondureño. El segundo documentado, posiblemente, después de “Las Ahorcancinas de Olancho”, escritas por Medardo Mejía.
En algunas legislaciones, los procesos judiciales se consideran un ajuste de cuentas entre el ofensor y los ofendidos representados por el Estado. En el caso de “Los Horcones”, se trató de una acción del Estado de Honduras en contra del pueblo. Porque, aunque la Constitución establece que el Estado se ha creado para defender los derechos de las personas, en el caso de méritos, se trató de una acción criminal de parte del gobierno militar de Juan Alberto Melgar Castro, ejecutada por militares de alta, en contra del pueblo.
Desde esta perspectiva, la investigación histórica no solo se centró en la identificación de los ejecutores, sino también en la precisión de la responsabilidad intelectual.
Y al final, para el autor, quedó claro que el comportamiento del mayor Chinchilla, Plata, Ártica, Altamirano y miembros del DIN fue en cumplimiento de una orden dada desde Tegucigalpa para destruir violentamente lo que ellos consideraban la cabeza de la serpiente que amenazaba la existencia del Estado hondureño.
Está probado que, en el día de autos, Chinchilla Díaz viajó en una avioneta prestada por Manuel Zelaya Ordoñez a Tegucigalpa, donde, en Casa Presidencial, se entrevistó con el Jefe de Inteligencia de las FFAA, José Jorge Solórzano. Y que ejecutó las órdenes recibidas, seguro de que siempre contaría -como así fue- con el respaldo de sus superiores.
También el libro confirmó cómo el gobierno “encubrió” el acto criminal. La forma como, presionada por el Nuncio Apostólico, la Conferencia Episcopal y la opinión pública, nombró a oficiales para que investigaran con la finalidad de convertir el crimen en una acción individual sin vinculación con el alto mando militar. Por ello, el que había cometido el delito se autonombró abogado de las víctimas; y desde la Procuraduría General de la República, el gobierno militar pasó de ejecutor a investigador y juez. Con una habilidad nunca vista y, contando con la simpatía inocente de familiares, organizaciones sociales cristianas y universitarios. Toda una obra de encubrimiento perfecta a plena luz del día.
El libro describe el fin del “Reformismo Militar”. “Los Horcones” significó el declive del concepto que Honduras solo podía ser gobernado por los militares. Señala los errores cometidos por oficiales que tomaron decisiones equivocadas cuyos efectos seguimos pagando.
Y al final, confirma el poco compromiso de los políticos con la ley y los ciudadanos. En 1980, los militares pactaron con ellos; y uno de los peajes fue la amnistía y el indulto para los culpables de la “Matanza de los Horcones”. Unos premiados con cargos en el exterior; y otros, escalando con los votos humildes posiciones de poder dentro del Partido Liberal.
Puede servir para entender los encubrimientos y justificaciones de otras masacres, como la de Rigores en Trujillo. No debemos esperar 50 años para conocer la verdad. Aquí hay herramientas para que los jóvenes historiadores investiguen la verdad de los hechos criminales del Estado.
