La vida en el país se extiende mucho más allá de las calles de la ciudad capital. Cada día, un mundo bullicioso de actividad online conecta a los ciudadanos entre sí y con personas de todo el mundo. La gente recibe mensajes de aplicaciones, de banco; los niños hacen amigos en línea, y los gobiernos prestan servicios a ciudadanos a través de servicios de internet. Sin embargo, a medida que la vida cotidiana se traslada más a Internet, surgen y evolucionan las amenazas.
Los mensajes de falsas instituciones financieras (fishing), los delincuentes buscan a niños a través de plataformas de videojuegos (grooming), y las instituciones se ven obligadas a defender sus sistemas contra ciberataques maliciosos (ransomware). La Convención fue adoptada por la Asamblea General de la ONU en diciembre de 2024, tras casi cinco años de negociaciones que involucraron a más de 150 países y más de 160 partes interesadas de organizaciones internacionales, sociedad civil, sector privado y el ámbito académico.
Es el primer tratado global dedicado al cibercrimen y se abrió para su firma en Hanoi, Vietnam, en octubre de 2025. Hasta la fecha, 95 Estados han firmado la Convención y tres la han ratificado. La Convención establece delitos que se dividen en dos grandes grupos.
El primero, los delitos “ciberdependientes”, es decir, que dependen de la tecnología, por ejemplo, ciberdelitos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de datos electrónicos o sistemas informáticos, son ataques a la propia tecnología. Estos incluyen hackear ordenadores, implantar malware como ransomware, virus o ataques de denegación de servicio con Bots.
Los segundos son delitos “ciberfacilitados”, delitos que ya existían previamente, pero que son facilitados por las TICs como la estafa en línea, la sextorsión, la difusión no consentida de imágenes íntimas y el grooming (enamoramiento) de menores con fines sexuales. Sus efectos van mucho más allá de la pantalla.
Por ejemplo, los ataques de ransomware han obligado a hospitales a suspender servicios; una sola estafa puede borrar los ahorros de una familia y la explotación sexual infantil en línea sigue siendo una de las formas más graves de violencia facilitada por la tecnología. Las diferencias entre leyes nacionales e internacionales han permitido durante mucho tiempo que los cibercriminales aprovechen las brechas entre jurisdicciones. La Convención cierra estos espacios trabajando para que cada Estado parte criminalice dichas conductas.
La Convención responde a un problema que enfrentan investigadores en el mundo. Las pruebas electrónicas (evidencia digital) forman ahora parte de la mayoría de las investigaciones penales y, a menudo, se almacenan en otro país y están en custodia de un proveedor de servicios privado. Dado que los datos pueden eliminarse con un solo clic, los procedimientos tradicionales de asistencia jurídica mutua suelen ser demasiado tardados.
La Convención permite a los Estados Parte solicitar la preservación acelerada de los datos electrónicos mientras se tramitan las solicitudes formales y establece una red 24/7 de puntos de contacto para que las solicitudes urgentes puedan ser atendidas en cualquier momento. Estos poderes vienen acompañados de garantías. Las medidas de investigación deben estar sujetas a supervisión, con límites claros y acceso a recursos efectivos, y los países deben respetar sus obligaciones bajo el derecho internacional de los derechos humanos.
La Convención reconoce que los países enfrentan ciberdelincuencia con recursos muy diferentes, por lo que un capítulo entero está dedicado a la asistencia técnica a países en desarrollo, para trabajar con ellos con sus capacidades para investigar y procesar el ciberdelito en todos los actores implicados en la cadena de justicia penal (policía, fiscalía y jueces). UNODC apoya a los Estados en la ratificación, la reforma legislativa y su implementación.
La Convención hasta el momento cuenta con 95 Estados parte firmantes, y tres ratificaciones, y permanecerá abierta a la firma en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York hasta el 31 de diciembre de 2026, posterior a esa fecha los países que no han firmado podrán acceder a ella a través del proceso de ratificación ante sus congresos o asambleas nacionales y entrará en vigor 90 días después de que se depositen 40 ratificaciones.
