El costo del polémico proyecto del presidente estadounidense, Donald Trump, para construir un gran salón de baile en la Casa Blanca ascendería a unos 600 millones de dólares, con más de la mitad cubierta con dinero público, pese a la insistencia del mandatario de que solo se financiará con donaciones privadas, según reveló este martes The Washington Post.
El diario, que cita documentos internos del contratista encargado de la obra, Clark Construction, señala que una estimación elaborada en marzo eleva el presupuesto en 200 millones de dólares por encima de lo declarado públicamente por Trump, quien había fijado el coste en unos 400 millones.
Según estos registros, unos 307 millones procederían de fondos públicos —principalmente del Servicio Secreto y la Oficina Militar de la Casa Blanca para financiar medidas de seguridad—, frente a unos 293 millones aportados por donantes privados.
El diario reveló que el Gobierno federal habría aprobado más de una docena de pagos por decenas de millones de dólares con fondos públicos para el proyecto, que incluye la demolición del Ala Este de la Casa Blanca y la construcción del salón de baile, así como la instalación de un búnker.
Sin embargo, desde que anunció la iniciativa en julio de 2025, Trump ha insistido en que la obra se financiaría íntegramente mediante aportaciones privadas canalizadas a través de una organización sin fines de lucro. "No hay ni diez centavos de los contribuyentes", afirmó en marzo.
Los documentos muestran que el uso de dinero de los contribuyentes estaba previsto desde las primeras fases del proyecto y que los funcionarios buscaron vincular el proyecto a necesidades de seguridad para justificar ese financiamiento conforme a la legislación fiscal.
Las obras del salón de baile, que implicaron que Trump decidiera unilateralmente demoler el Ala Este de la Casa Blanca, fueron parcialmente paralizadas tras el fallo de un juez federal el pasado marzo que consideró que el presidente estadounidense no tiene autoridad para seguir adelante con la construcción sin una autorización específica del Congreso.
La orden judicial fue temporalmente suspendida por un tribunal federal de apelaciones, que debería determinar este mes si la decisión del juez fue o no correcta.
