Lima, Perú.
La cifra de muertos por la explosión hace una semana en Lima de un camión cisterna cargado con gas licuado aumentó este jueves a 20, informó el Ministerio de Salud.
'Se elevó a 20 la cifra de fallecidos de la explosión del camión en Villa El Salvador', un populoso distrito del sur de la capital peruana, dijo el Ministerio en un comunicado.
Entre las nuevas víctimas mortales se encuentran dos hombres de 23 y 30 años que estaban entre el medio centenar de personas que sufrieron quemaduras por la bola de fuego que se propagó velozmente por la calle, muy cerca de la Villa Panamericana de los Juegos de Lima 2019.
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El miércoles, hubo otros dos decesos, lo que había elevado a 17 el saldo de muertos.
De los 20 fallecidos, seis son niños y otros cinco menores están heridos.
Entidades de salud de Brasil y Estados Unidos enviaron miles de centímetros cuadrados de piel humana a Perú para hacer injertos a los pacientes quemados.
El accidente se originó por una fuga de gas licuado desde el depósito del camión, cargado con 10,000 litros de combustible, que se produjo al desprenderse una manguera cuando el vehículo cruzó un badén en el pavimento.
El fuego destruyó varios autos y unas 15 casas, hasta que fue apagado por una docena de brigadas de bomberos tres horas después.
La Fiscalía acusa al conductor del camión, Luis Guzmán, de 74 años y padre del dueño de la empresa distribuidora de gas, por el delito de homicidio culposo. Sin embargo, siguen las investigaciones en busca de otros eventuales responsables de la tragedia.
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El accidente ocurrió temprano en la mañana cuando miles de los 500,000 habitantes de Villa El Salvador, un distrito popular, salían de sus casas rumbo al trabajo.
La explosión mató el primer día a dos personas y dejó a otras 49 heridas, pero en los días siguientes han muerto otras 18 personas por sus graves quemaduras. Solo 11 heridos han sido dados de alta, dijo el primer ministro, Vicente Zeballos.
El gobierno declaró el miércoles el estado de emergencia en el distrito para canalizar mejor la ayuda a las víctimas y a los damnificados, y abrió una investigación -paralela a la de la fiscalía- para determinar si hay responsabilidad de funcionarios públicos en la tragedia.
