Arizona, Estados Unidos
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en Arizona envió una carta al Departamento de Seguridad Nacional exigiendo una investigación de la Patrulla Fronteriza tras las denuncias en su contra por parte de residentes del sur del estado, se informó hoy.
En la misiva, la organización defensora de los derechos civiles detalló varios casos en los que agentes fronterizos realizaron sus operativos en 'patrullas movibles', en muchas ocasiones a lo largo de comunidades que se encuentran hasta 60 millas más allá de la frontera con México.
ACLU asegura que algunos residentes son víctimas de 'detenciones de tráfico arbitrarias y prolongadas', y que además tiene documentado casos en los que agentes fronterizos han interrogado a personas que caminaban por las calles de las ciudades de Yuma y Tucson, así como a pacientes en hospitales de Tucson.
Entre los casos expuestos se encuentra el de una ciudadana que fue detenida mientras llevaba a sus hijos a la escuela, a quienes, según aseguran desde la organización, los agentes amenazaron con un arma eléctrica (taser) y los dejaron con una llanta pinchada a un lado del camino.
También denunciaron la detención de otra mujer que manejaba su auto dentro de la reserva indígena Tohono O'odham y que asegura haber sido sacada a la fuerza de su vehículo y detenida por más de una hora, sin ninguna razón o causa legal.
'Las detenciones ilegales por parte de la Patrulla Fronteriza son un problema contínuo', indicó el abogado de ACLU, James Lyall, a través de un comunicado de prensa.
Recientemente, esta organización llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia tras denuncias similares en Washington, donde la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) acordó brindarles información sobre el patrullaje que efectúan sus agentes durante los próximos 18 meses.
