California, Estados Unidos
Un panorama difícil tienen en 2019 más de un millón de indocumentados en EEUU beneficiados por programas de amparo que están en la mira de la Administración del presidente Donald Trump, y que serán estudiados por la Corte Suprema.
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hondureños, según la Dirección de Asuntos Consulares de la Cancillería hondureña, actualmente están inscritos en el TPS, con base en datos proporcionados por el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos.
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Lo primero que evaluará el Tribunal Supremo, de mayoría conservadora, es la situación de los casi 700,000 beneficiados por la Acción Diferida Para los Llegados en la Infancia (Daca), el programa creado en 2012 por el expresidente Barack Obama y que regulariza, aunque de manera temporal, a los jóvenes indocumentados que llegaron de la mano de sus padres.
Ya en sus tiempos de candidato, Trump prometió abolir este programa y, finalmente, en septiembre de 2017 el entonces fiscal general de la actual Administración, Jeff Sessions, anunció la rescisión del programa. No obstante, cuatro meses después, un juez federal de California ordenó que el programa se mantenga y que el Servicios de Ciudadanía e Inmigración (Uscis) de EEUU continúe aceptando renovaciones.
Al de California le siguieron en la misma línea otros dos magistrados federales y ello llevó a la administración a pedir la intervención de la máxima instancia judicial, casi al mismo tiempo que una corte federal de apelaciones respaldaba el bloqueo a la eliminación del programa.
El TPS
Al Congreso también apuntan los más de 430,000 inmigrantes, de los cuales unos 350,000 son centroamericanos, amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS), el amparo migratorio concedido a nacionales de países afectados por guerras o desastres naturales.
Este programa ha sido cancelado por el presidente Trump en el caso de algunos países y es objeto también de batallas legales. “Tenemos que ganarnos un espacio en la mente de los estadounidenses para que entiendan el valor de las personas con TPS”, indicó a Efe Pablo Alvarado, director de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON, por sus siglas en inglés).
En febrero, un grupo de 3,000 amparados por el TPS, entre activistas y miembros de organizaciones que conforman la Alianza TPS, llegará a Washington para pedir al nuevo Congreso, cuya cámara Baja será ya de mayoría demócrata, una solución permanente.
De hecho, varios congresistas hispanos han enviado una carta a Nancy Pelosi, quien asumirá la dirección de dicha cámara a partir de enero, para que en los primeros cien días de trabajo el nuevo Congreso promulgue leyes que protejan a los beneficiados por Daca y TPS.
El otro frente de batalla para los activistas en defensa del TPS está en los tribunales.
