El fallo revierte decisiones de tribunales inferiores que habían considerado que la postura del Gobierno era ilegal, y otorga un escudo legal para continuar con las detenciones y deportaciones.
La política de deportaciones rápidas fue denunciada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la principal ONG en defensa de los inmigrantes en EE.UU.
