El Circuito en Materia de Criminalidad desarrolló este jueves la audiencia inicial contra Liana Mayorga, señalada en el caso de la Tasa de Seguridad Poblacional por su presunta participación en la compra irregular de material para la elaboración de licencias de conducir en Honduras.
No obstante, después de largas horas, Bárbara Castillo confirmó que la audiencia se extenderá hasta nuevo aviso. Aún no hay resolución.
El Ministerio Público sostiene que en el proceso se cometieron irregularidades administrativas y financieras que habrían provocado un perjuicio a los fondos destinados a fortalecer la seguridad ciudadana.
Según las investigaciones, la adquisición del material no cumplió con los procedimientos legales establecidos y se realizaron pagos sobrevalorados, lo que generó sospechas de corrupción.
El pasado 18 de agosto, el Juzgado contra la Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción dictó detención judicial contra Liana María Mayorga Castillo, gerente de la empresa Plasticards S.A., a quien la Fiscalía imputa por supuestamente orquestar un fraude superior a 18.5 millones de lempiras mediante la compra de tarjetas de PVC para la emisión de licencias de conducir a través de la Secretaría de Seguridad.
Por la misma causa también enfrenta cargos Juan Ramón Molina Rodríguez, excoordinador del fideicomiso de la Tasa de Seguridad y representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).
De acuerdo con la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-ADPOL), ambos habrían defraudado al Estado hondureño por un monto de 18,547,200 lempiras.
La UF-ADPOL detalló que en diciembre de 2021 la Secretaría de Seguridad adjudicó un contrato a Plasticards S.A. para la emisión de 480,000 tarjetas, a pesar de que la empresa apenas contaba con dos meses de haber sido constituida legalmente. No obstante, la Fiscalía señaló que solo se entregaron 258,000 tarjetas.
Las investigaciones también indican que el 22 de enero de 2022 la Secretaría de Seguridad pagó más de 18.5 millones de lempiras a Plasticards S.A. Tres días después, Mayorga transfirió 17 millones de lempiras a la empresa MyM S. de R.L., propiedad de Juan Ramón Molina Rodríguez.
Finalmente, la UF-ADPOL reveló que las tarjetas fueron suministradas por la compañía Interamerican Service Unlimited Corp., con sede en Estados Unidos, pese a que en el contrato se establecía que la responsable directa sería Plasticards S.A. La empresa de Molina Rodríguez habría sido la encargada de importar los productos.
