La defensa del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022) solicitará "el sobreseimiento definitivo" en la causa que se le sigue por presunto fraude y lavado de dinero durante la campaña política de 2013, confirmó este lunes Félix Ávila, uno de los abogados del exmandatario.
"Lo que nosotros perseguimos (es) que los cargos se desestimen y se dicte sobreseimiento definitivo, que no es otra cosa más que el truncamiento del proceso, porque los hechos no tienen relevancia penal", subrayó Ávila.
La petición se formulará durante la audiencia inicial, que se reanudará este martes después de haber sido suspendida el pasado día 12 a petición de la defensa, que solicitó más tiempo para analizar las pruebas presentadas por la Fiscalía, precisó Ávila, tras señalar que la diligencia podría prolongarse durante el resto de la semana.
Hernández afronta este caso conocido como Pandora II, luego de haber regresado el pasado 26 de julio a Honduras tras ser indultado en diciembre de 2025 por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de la condena de 45 años de prisión por narcotráfico que le fue impuesta en 2024, después de ser extraditado a ese país en 2022.
La causa investiga el presunto desembolso irregular de unos 10,8 millones de dólares entre 2010 y 2013, cuando el exgobernante presidía el Parlamento hondureño, fondos que supuestamente fueron utilizados para financiar su campaña electoral de 2013.
Ávila indicó que el Juzgado Penal en Materia de Criminalidad Organizada deberá resolver si concede el archivo de las actuaciones o si dicta un auto de formal procesamiento que encauce el expediente hacia la siguiente fase.
De ratificarse el procesamiento, la causa pasaría a la denominada "etapa intermedia" antes de derivar en la apertura de un juicio oral y público ante un tribunal de sentencia, explicó el abogado.
En caso de recibir un fallo adverso, Ávila anticipó que acatarán la decisión del juez, aunque no la aceptarán, por lo que interpondrán un recurso ante una corte de apelaciones.
El expresidente encara el proceso en libertad y con prohibición de salir del país, según fijó el Juzgado Penal en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción en la audiencia de declaración de imputado celebrada el pasado 3 de agosto, cuando además resolvió que la causa continúe en la justicia ordinaria y no en la Corte Suprema de Justicia, como se pretendía en un inicio.
Ávila rechazó que un eventual auto de formal procesamiento deba implicar, por sí solo, la modificación de las medidas cautelares que actualmente pesan sobre Hernández y sostuvo que su mantenimiento "no es ningún privilegio para el expresidente, porque medidas como estas se otorgan todos los días a cualquier ciudadano".
La Fiscalía hondureña solicitó en esta audiencia la detención provisional de Hernández por considerar que existe “peligro de fuga”, petición que fue denegada por el juzgado especializado.
