Documentos, testimonios y un video: las pruebas contra JOH en el caso Pandora II
JOH, extraditado a EE UU en 2022, condenado por narcotráfico en 2024 e indultado por Donald Trump en 2025, regresó a Honduras el 26 de junio para enfrentar el proceso judicial del caso Pandora II
- Actualizado: 12 de agosto de 2026 a las 14:04 -
Este miércoles comenzó la audiencia inicial en el marco del expediente judicial conocido como Pandora II contra el expresidente Juan Orlando Hernández, quien fue indultado y es acusado por los delitos de fraude y lavado de activos.
A eso de las 12 del mediodía, Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial, expresó que la Fiscalía ha ratificado la acusación formal contra el exmandatario por los presuntos delitos de fraude y lavado de activos.
Sin embargo, la causa que se sigue en su contra continuará el próximo martes 18 de agosto a las 9:00 a. m., debido a que la defensa técnica solicitó un margen de tiempo para preparar sus argumentos.
Durante esa próxima jornada, el equipo legal del imputado formalizará sus objeciones tras analizar exhaustivamente la carga probatoria presentada por los entes acusadores.
Los elementos que analizarán corresponden a los medios de prueba expuestos formalmente por el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República (PGR).
Según la ratificación de los hechos expuesta por Silva, el caso establece que "había hecho el traslado de más de 62 millones de lempiras de varias secretarías del Estado a varias cuentas (...) que fueron utilizados estos fondos para una campaña política".
El portavoz informó además que la Fiscalía ya ofertó un total de 48 medios de prueba, divididos entre elementos testificales y documentales, mientras que la PGR incorporó un video como prueba clave.
De acuerdo con las declaraciones de Silva, entre los documentos figuran "las gacetas con acuerdos de nombramiento para la acreditación de presuntos convenios de beneficios sociales, convenios suscritos con secretarías de Estado, auditorías de ONG y los que no se llevaron a cabo logros con esas ayudas sociales".
Asimismo, el expediente incluye "constancias de patronatos y municipalidades para la no ejecución de programas y convenios", según detalló el portavoz judicial. Con esta documentación, las autoridades buscan demostrar la desviación sistemática de los recursos estatales durante el período investigado.
"Además, se quiere acreditar con estos medios de prueba documentales que el destino de los fondos fue diferente de cuando se llevó la Secretaría del Estado y lo utilizado en esas cuentas", añadió Silva.
El desarrollo del proceso contó con la estricta vigilancia de organismos de sociedad civil y derechos humanos, destacando la presencia de representantes del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y delegados del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
Al concluir la audiencia inicial el próximo martes, el juez a cargo podrá resolver entre un sobreseimiento definitivo o provisional, un auto de formal procesamiento con medidas sustitutivas, o bien el auto de formal procesamiento con la medida cautelar de prisión preventiva.
Cabe recordar que en este expediente, donde el expresidente Porfirio Lobo Sosa obtuvo sobreseimiento definitivo, se investiga el presunto desvío de 10.8 millones de dólares hacia dos fundaciones entre 2010 y 2013 para financiar la campaña electoral de Hernández.
Antes de la audiencia de este miércoles, la abogada Angie Colindres, integrante del equipo jurídico de Hernández, afirmó que el expresidente es víctima de "persecución política" y pidió al Poder Judicial que garantice su derecho a la "presunción de inocencia".
