La ausencia del consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, y del magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, a las audiencias programadas para este lunes en el Congreso Nacional, no ha logrado detener el engranaje del juicio político.
La Comisión Especial advirtió que el proceso legislativo no depende de la presencia física de los señalados y que, ante su negativa a comparecer, se procederá de inmediato con la etapa de investigación basada en la carga probatoria ya existente.
El Salón de Retratos del Poder Legislativo permaneció con los asientos de los denunciados vacíos durante las primeras horas de la jornada.
Según lo establecido en la Ley Especial del Juicio Político, la incomparecencia de los funcionarios citados no constituye un obstáculo para la prosecución del trámite, permitiendo que la Comisión Especial continúe con el análisis de los expedientes relacionados con presuntas irregularidades en los procesos electorales de Honduras.
"Si ellos no se van a presentar, entonces nosotros vamos a continuar con la evacuación de medios de prueba documental", aseguró la presidenta de la comisión, Tania Pinto.
La parlamentaria explicó que existe evidencia sustancial de los hechos ocurridos en las elecciones que permitirá a los diputados determinar si es procedente recomendar la destitución ante el pleno.
El hermetismo rodea también la posible citación de otros actores, como las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López.
Aunque su comparecencia no ha sido confirmada plenamente, la comisión reconoce el papel fundamental que ambas desempeñaron durante el desarrollo de las elecciones primarias y generales, lo que podría derivar en que sean llamadas a rendir declaración o a presentar informes técnicos detallados sobre las actuaciones de los órganos que integran.
La estrategia de la Comisión Especial ahora apunta hacia el fortalecimiento del informe final mediante el testimonio de terceros.
Se ha confirmado que existe una lista de testigos que están listos para ser convocados con el objetivo de verificar la autenticidad y el alcance de la prueba documental que sustenta la denuncia contra los cuatro altos funcionarios suspendidos de sus cargos.
"Están listos; posiblemente llamemos a más testigos para que puedan verificar la prueba documental", aseveró Pinto al ser consultada sobre los siguientes pasos del proceso.
Con la ausencia confirmada de las figuras principales, el juicio político entra en una fase técnica donde la documentación y los testimonios de apoyo serán determinantes para definir el futuro de la justicia electoral en el país.
