La Secretaría de Salud anunció este martes una serie de medidas dado que de los alrededor de 8,000 acuerdos que están en diversas fases de trámite, tanto en instancias de la institución como de la dirección de servicio civil, se detectó la presencia de acuerdos para personal que evidentemente no era de atención de primera línea.
Salud informó que se procederá a detener la entrega de todos los acuerdos que aún están en su poder, al tiempo que notificó que integrarán una comisión multisectorial con representantes de las organizaciones profesionales, gremiales y sindicales legalmente constituidas, incluyendo la colaboración del Consejo NacionalAnticorrupción (CNA).
El objetivo central será revisar cada acuerdo y emitir un dictamen y/o recomendación oficial de cuáles son los candidatos que reúnen el requisito indispensable de haber sido personal de atención de primera línea.
Una vez filtrada la lista de los candidatos aptos legalmente para los puestos de primera línea, se continuará con el trámite correspondiente con el fin de entregar los acuerdos a cada empleado de cualquier ocupación o profesión que operó protagónicamente durante la pandemia.
Mientras los acuerdos están en proceso de revisión y para no dejar sin personal de atención a la población y sin ingresos a los empleados, se ha decidido firmar contratos por tres meses de duración al personal que continúa laborando en primera línea a nivel nacional. Este personal incluye a los que reciben directamente salario de parte de la Secretaría de Salud, los que laboran con fondos BID y los que trabajan con contratos de gestores.
Las autoridades sanitarias aclararon que la firma de estos contratos de tres meses “en ningún momento implica pérdida del derecho al acuerdo permanente si el empleado está en la lista que se está revisando y cumple con el criterio indispensable de haber laborado en primera línea”.
Salud, en virtud de lo anterior, subrayó que “es innecesario cualquier movimiento o acción de protesta, pues lo que se persigue es el estricto cumplimiento del espíritu del legislador y para ello nos acompañan ya las instancias legales representativas de los diferentes sectores involucrados”.
Fue el 27 de abril de 2020 cuando se introdujo el proyecto de decreto para favorecer a médicos, personal asistencial y demás sanitarios que están enfrentando la pandemia del coronavirus en Honduras. El documento señalaba a médicos, microbiólogos, enfermeras profesionales y auxiliares, técnicos en radiología, técnicos anestesistas, odontólogos, personales administrativos y de aseo, incluyendo el personal contratado bajo el mecanismo del Código Verde Plus.
Ya el 29 de abril el Congreso Nacional aprobó en único debate el decreto orientado a otorgar el nombramiento permanente por acuerdo a todo el personal sanitario y administrativo que está en acción y atención a la pandemia.
El expresidente del Ejecutivo, Juan Orlando Hernández, vetó la normativa el 12 de mayo de esde año y posteriormente dijo sentirse satisfecho tras la aprobación de los acuerdos de nombramiento del Congreso Nacional.
