Los señalamientos de investigaciones selectivas no son el único cuestionamiento que enfrenta el Ministerio Público (MP). La creciente y frecuente salida de fiscales ha generado preocupación dentro de la institución.
Desde noviembre de 2023, cuando una inusual Comisión Permanente del Congreso Nacional nombró a Johel Zelaya como fiscal general del Estado, varios profesionales del derecho que ejercían como fiscales decidieron dejar el MP para dedicarse a la práctica privada.
La intranquilidad sobresale en los pasillos de las principales sedes del ente acusador del Estado, derivada de la constante renuncia de fiscales, situación que obliga a quienes permanecen a asumir una mayor carga de trabajo a nivel nacional.
Elsy Alvarado, presidenta de la Asociación de Fiscales de Honduras, detalló que: "Aproximadamente hay 25 fiscales que han renunciado, ya sea por el derecho a jubilarse o han pedido licencia; la cosa es que sí, efectivamente, ha salido más o menos esa cantidad de fiscales".
De acuerdo con información publicada en la plataforma digital del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), el MP cuenta con 797 fiscales, desde auxiliares hasta fiscales con rango de Titular IV.
Estas cifras evidencian que un solo fiscal debe dar cobertura profesional e investigativa a 12,500 habitantes, según el último censo poblacional, que ronda los diez millones de habitantes en el país.
Información en poder de la Asociación de Fiscales de Honduras revela que, desde 2019, no se han contratado más fiscales. En cambio, su salida, por diferentes motivos, es recurrente.
"Según me informan los compañeros de la Junta Directiva, a nivel nacional hay más solicitudes, ya sea de licencia o de retiro, o sea, que va a seguir bajando el número de fiscales, sin que por razones de presupuesto se pueda hacer el proceso de contratación de más fiscales", lamentó Alvarado.
Poco presupuesto para el Ministerio Público
La fiscal de carrera cuestionó que las autoridades responsables de asignar el presupuesto al Ministerio Público, para luchar contra la corrupción, el narcotráfico y otros delitos, estén actualmente involucradas en casos de presunta malversación de fondos estatales.
"Hay instituciones operadoras de justicia que hasta se pueden dar el lujo de comprar un equipo de fútbol, porque le dan un presupuesto tan alto, que tienen esas facultades", señaló Elsy Alvarado.
El Ministerio Público tiene asignado el 3% del Presupuesto General de la República, que representa unos 4,300 millones de lempiras. Sin embargo, para 2025 se le aprobaron poco más de 2,600 millones de lempiras, lo que genera un déficit cercano a 1,600 millones.
Recientemente, las máximas autoridades de la Fiscalía General prometieron contratar al menos 60 fiscales, pero la oferta no se concretó al no haberse aprobado una ampliación presupuestaria para el MP.
"Las renuncias obedecen a las jornadas extensas de trabajo, pero otras obedecen a la falta de incentivos, en donde los fiscales prefieren solicitar licencia, porque tal vez en la litis, afuera o en otros puestos, pueden ganar más", concluyó Alvarado.
