La alta carga de trabajo y la percepción de vulnerabilidad asociada a los procesos disciplinarios es una problemática que enfrentan los fiscales del Ministerio Público.
La Fiscalía de Delitos Comunes es una de las unidades con mayor carga de trabajo, con un promedio de 1,500 casos por cada fiscal. Esta Fiscalía está dividida en tres áreas: instrucción, intermedia y juicios.
En la primera se investigan los casos para requerimiento fiscal; en la segunda, los casos ya están judicializados, y en la tercera se atienden los expedientes elevados a juicio.
En las áreas de instrucción e intermedia laboran menos de 20 fiscales, cada uno con un promedio de 1,500 casos. Solo en la etapa de juicios la relación entre expedientes y fiscales es ligeramente menor.
Otra unidad con elevada carga laboral es la Fiscalía de la Niñez, donde los fiscales atienden en promedio 1,000 expedientes cada uno. En particular, la etapa del menor infractor es una de las más exigentes para los acusadores públicos.
La situación es calificada como insostenible por agentes del Ministerio Público, quienes aseguraron a LA PRENSA que esta problemática se repite en todo el país. Desde 2019 no se han contratado nuevos fiscales, pese a que, según datos internos, más de 200 han dejado la institución en ese período.
"Para 2019 había muchos profesionales del derecho que ya habían completado el proceso de selección, pero no fueron contratados por la llegada de la pandemia. Entró el fiscal general Johel Zelaya y, hasta hoy, no se ha contratado nuevo personal", señalaron las fuentes.
Según estimaciones de los fiscales, durante la gestión del exfiscal Óscar Chinchilla (2013–1 de septiembre de 2023), el número de agentes alcanzó alrededor de 1,000. Actualmente, la cifra ha descendido a menos de 800.
La sobrecarga laboral ha provocado renuncias debido a problemas de salud derivados del estrés. Además, denuncian que hay limitaciones para recibir incapacidades médicas.
“Los doctores de un centro de salud cercano al Ministerio Público en el barrio La Puerta extendían incapacidades, pero las autoridades les pidieron que dejaran de hacerlo para empleados de la institución”, relataron.
Fiscales denuncian ambiente laboral hostil
La denuncias a LA PRENSA también son porque los fiscales aseguran que se reconocen los días compensatorios por exceso de trabajo. “En varias oficinas, especialmente las locales, no los otorgan bajo el argumento de que no hay personal para cubrir las ausencias. Si no se otorgan en dos meses, los empleados los pierden”.
Las fuentes afirmaron que se abren nuevas unidades sin contratar más fiscales, lo que obliga a trasladar personal desde otras dependencias, incrementando aún más la carga laboral.
"Cada mes entran nuevos casos, y eso hace que el trabajo se acumule sin tregua", dijeron.“Entonces lo que pasa es que nos volvemos inefectivos e incapaces de dar respuesta, no solo en el área de fiscales, sino también en los peritajes que se requieren de Medicina Forense, donde también hay falta de personal y logística”, añadieron.
Argumentan que por esa presión, presentan casos sin suficiente sustento. “La institución está tocando fondo. Vamos cuesta abajo y no se vislumbran mejoras en el Ministerio Público”.
Los denunciantes mencionaron condiciones laborales tensas o desfavorables. “Ahora pesa más andar obligatoriamente con la chapa o el carnet, puesto que hacer bien nuestro trabajo. Se aplican procesos disciplinarios por situaciones irrelevantes o que ni siquiera son faltas”, dijeron fiscales, quienes por temor prefirieron omitir sus nombres.
Además, mencionaron reasignaciones de fiscales sin justificación aparente, con el aval del fiscal general Johel Zelaya.
Incluso, aseguraron que se les da seguimiento con agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) para monitorear sus movimientos y reuniones personales.
Un caso citado ocurrió durante una reunión en un auditorio, en la que un fiscal cuestionó el despido de una compañera del área administrativa, y luego de esto fue trasladado a La Mosquitia.
“En esas reuniones, el fiscal general ha sido claro al decirnos que cualquiera que hable en contra de él será enviado como venganza a La Mosquitia. También ha dicho que no contratará más personal porque 'hay suficientes' y que dentro de la institución hay muchos fiscales que no sirven”, denunciaron.
LA PRENSA solicitó por escrito Yuri Mora, director de comunicaciones del Ministerio Público, gestionar una entrevista con el fiscal general, Johel Antonio Zelaya, o a quien él designara, para abordar las denuncias a este rotativo.
Mora respondió que el fiscal general no acostumbra dar entrevistas en forma individual a los medios de comunicación y que los temas los aborda en las conferencias de prensa.
