Ministerio Público investiga a diputados y exdiputados por corrupción

Tegucigalpa

El Ministerio Público abrió cuatro líneas de investigación de presuntos actos de corrupción que involucran a diputados y exdiputados.

Ayer, a las 11:49 am, el fiscal general Johel Zelaya declaró en su cuenta de X: “He ordenado ingresar a las instalaciones del Congreso Nacional para el secuestro de documentación relevante vinculada a casos de corrupción gestados en ese poder del Estado. La inmunidad no es impunidad, y los días de ocultar crímenes tras un escaño han terminado”.

Agregó: “El pueblo exige respuestas, y este Ministerio Público se encargará de dárselas”.

La primera línea, bautizada como “Subvenciones”, es encabezada por la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública. Se refiere a la entrega de fondos a los diputados para realizar proyectos y ayudas sociales; sin embargo, no son liquidados, por lo que sospechan que existe un drenaje de dinero público. Las otras tres líneas de investigación están vinculadas a la entrega del denominado Fondo Departamental durante la pasada administración legislativa, que dirigió el exdiputado Mauricio Oliva.

Luis Redondo asumió como titular del Poder Legislativo en 2022 y en ese período se activó la entrega de subvenciones para diputados.

Solamente en ese año, de acuerdo con datos del Congreso Nacional, Redondo repartió entre los diputados oficialistas más de 100 millones de lempiras por concepto de subsidios para la ejecución de proyectos comunitarios y sociales. Mientras que entre 2023 y 2024, Redondo entregó alrededor de 315 millones de lempiras. Aunque la cifra puede ser aún mayor, pero el Congreso no actualiza su Portal de Transparencia desde agosto pasado.

El organismo fiscal en comunicado de prensa informó: “El Ministerio a través de la Fetccop y la Agencia Técnica de Investigación Criminal ingresaron al Congreso Nacional para decomisar documentación relacionada con irregularidades denunciadas en el año 2022”.

Subrayó que “aunque siguen otras denuncias que continúan su curso legal, esta acción emprendida por el Ministerio Público se enfoca en una línea de investigación prioritaria derivada de una denuncia presentada ese año (2022), la cual exige una respuesta inmediata en defensa del interés del público y de la protección del Estado de derecho”.

Mientras estaba en marcha el operativo del secuestro de documentos, el abogado René Adán Tomé, asesor y mano derecha de Luis Redondo, y tres guardias de la seguridad interna de la cámara legislativa trataron de impedir el ingreso de los agentes de la Atic a la oficina de la Secretaría General, el área de Pagaduría y Contabilidad, donde se archivan las liquidaciones, facturas y otros documentos relacionadas con las subvenciones y subsidios, por lo que fueron arrestados preventivamente por obstrucción de la justicia. Tomé fue enchachado y subido a la cabina de un vehículo de la Atic, y los vigilantes en la paila. Sin embargo, Tomé y los guardias del Congreso fueron puestos en libertad un par de horas más tarde. De acuerdo con fuentes del Legislativo, desde horas tempranas varias oficinas permanecieron cerradas por la presencia de la Atic.

Tomé dijo a los medios de comunicación que la “fuerza pública no puede entrar (al CN) si no es con la autorización del presidente (Luis Redondo), y este día no hubo autorización”. Agregó que los fiscales se llevaron documentación que no forma parte de la investigación anunciada por el fiscal general Johel Zelaya.

Previo a la detención de su asesor, Luis Redondo, quien se encuentra participando en el Foro de Presidentes de Poderes Legislativos en Marruecos, expresó el apoyo a la acción ordenada por el fiscal. “Estoy en la disposición de entregar toda la información que esté en el Congreso Nacional. ¡Debemos erradicar la corrupción de raíz”, aseguró.

Sin embargo, a las 9:04 pm, el fiscal general escribió en su cuenta de X: “A partir de la orden que emití para el decomiso de documentos y evidencias sobre corrupción en el Congreso Nacional, y ante la negativa y obstrucción a cumplir con la ley; he instruido a los agentes fiscales de Fetccop requerir respetuosamente al presidente Luis Redondo Guifarro para que en un plazo de 72 horas ponga a disposición del MP la documentación e información electrónica sobre el caso de la ‘Red de diputados’ (Ufecic- Maccih) y otras líneas de investigación ligadas a graves actos de corrupción”.

Al final del operativo, los fiscales lograron recabar la documentación para comenzar a cotejarla y determinar quiénes serán los diputados investigados en esa línea. “No podemos determinar quiénes son los involucrados. Vamos a analizar la información”, señaló una fuente cercana al proceso investigativo, que certificó que no es la primera vez que los fiscales secuestran documentos en el Congreso y que en el pasado lograron judicializar al menos cuatro casos en los que se acusó a congresistas.

Se trata de los casos “Red de diputados”, “Pandora”, “Arca abierta”, “Planeta verde”, cuyos requerimientos fiscales fueron interpuestos con el acompañamiento de la desaparecida Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih).

En la mayoría de estos casos, los diputados que figuraban en las acusaciones recibieron sus cartas de libertad definitiva.

En los últimos días, la Unidad Fiscal Especializada en Redes de Corrupción (Uferco) reactivó las investigaciones por la entrega del denominado Fondo Departamental en la pasada administración del Legislativo. En ese sentido, investiga a alrededor de 34 actuales diputados y exdiputados por su presunta implicación en el drenaje de fondos públicos a través de ese mecanismo, que ha sido cuestionado por diversos sectores de la sociedad que luchan contra la corrupción. En estas líneas salpican a más de una docena de organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, que fueron utilizadas por diputados para gestionar proyectos.

De acuerdo con la Uferco, a través del Fondo Departamental se drenaron al menos 10,000 millones de lempiras desde 2012.