TEGUCIGALPA, HONDURAS
El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, Roosevelt Hernández, aseguró públicamente no tener inconveniente en comparecer ante la justicia, en medio de crecientes cuestionamientos por parte de organizaciones nacionales e internacionales que lo acusan de actuar en contra de la libertad de prensa.
Durante una ceremonia de premiación a periodistas, Hernández afirmó que “no tiene problema en someterse a la justicia”, e hizo un llamado a quienes lo critican a presentar sus denuncias ante el Ministerio Público.
“Yo les reto a todas estas personas que acudan al Ministerio Público. No tengo ningún problema en enfrentar la justicia, pero que lo hagamos todos”, declaró.
El alto mando militar también aprovechó su intervención para emitir críticas contra el periodismo, instando a los comunicadores a “decir la verdad y no la mentira”. Incluso, intentó dar indicaciones sobre cómo debería ejercerse la labor periodística, lo cual ha generado preocupación y rechazo en diversos sectores.
Sus declaraciones se producen en un contexto en el que ha sido señalado por querellar a al menos 12 medios de comunicación, solicitando a la justicia que estos revelen sus fuentes, además de utilizar canales institucionales para emitir ataques directos contra periodistas.
Tales acciones han sido catalogadas como intimidatorias por organismos como el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
Este último señaló que Hernández no solo busca silenciar a la prensa crítica, sino también generar temor entre oficiales militares que no comparten sus posturas políticas ni el uso del poder con fines personales.
El CPH ha expresado especial preocupación por las solicitudes de investigación contra medios de comunicación y el intento de judicializarlos por negarse a revelar sus fuentes informativas, lo que consideran una violación al ejercicio libre del periodismo.
Aunque Hernández niega que estas acciones tengan motivaciones políticas y afirma que se trata de decisiones personales dentro del marco legal, diversos sectores han recibido estas justificaciones con escepticismo, dados los antecedentes recientes.
Entre esos antecedentes figura su respaldo a la controversial Ley de Justicia Tributaria en octubre de 2024 y su participación en las elecciones primarias de marzo de 2025, marcadas por serias irregularidades.
Estos hechos han intensificado los cuestionamientos sobre la creciente politización de las Fuerzas Armadas y su impacto sobre la institucionalidad democrática en el país.
Desde principios de 2025, tanto actores nacionales como internacionales han expresado su preocupación ante el rol del jefe militar, advirtiendo que sus acciones podrían poner en riesgo derechos fundamentales como la libertad de expresión y la independencia de las instituciones.
