Tegucigalpa, Honduras.
Omar Rivera, miembro de la Comisión Especial de Depuración, explicó que de los 152 subcomisarios, cuyos expedientes están en proceso de revisión y evaluación, el 40%; es decir, unos 60 uniformados, estarían siendo separados. Recordó que ya se tiene la información de las entidades contraloras del Estado y de los operadores de justicia a las que se les solicitó información de los oficiales de la Policía Nacional para determinar si continúan o van a ser cancelados.
Además, detalló que en esta semana la Comisión Especial de Depuración va a finalizar la preparación de los expedientes que van a ser remitidos al Ministerio Público donde altos oficiales y agentes de la escala básica “son señalados de haber cometido supuestos actos de corrupción, crímenes y otros delitos”.
Advirtió que la Comisión ha hallado policías vinculados “a redes que se han dedicado a matar, robar, extorsionar y proteger a narcotraficantes, y a ejecutar acciones articuladas con maras y pandillas en perjuicio del pueblo”.
Reiteró que la labor de la Comisión culmina con la cancelación, separación y la acción administrativa para quitarles el uniforme, la chapa y el arma de reglamento, pero la acción penal le corresponde al MP.
Rivera, además, reiteró que el proceso de depuración y transformación de la Policía Nacional “avanza irrefrenable, no se interrumpe ni se estanca”, a pesar de las amenazas y acciones de intimidación en contra de la Comisión Especial.
Él, quien la semana pasada sacó a su familia del país por amenazas de muerte, afirmó que no van a disminuir su empeño “hasta lograr los grandes objetivos que nos hemos trazado”. Y dijo que “si bien es cierto hemos tomado medidas extremas de seguridad, las mismas se adoptan a fin de evitar poner en peligro la integridad física de nuestras familias y de esta manera evitar distracciones en nuestro trabajo.
En lo particular, quiero estar concentrado en mis responsabilidades, sin preocupación alguna, enfocado en la ardua tarea de ejecutar la necesaria profilaxis que necesita la Policía Nacional, la reingeniería de sus procesos institucionales”.
Omar Rivera, miembro de la Comisión Especial de Depuración, explicó que de los 152 subcomisarios, cuyos expedientes están en proceso de revisión y evaluación, el 40%; es decir, unos 60 uniformados, estarían siendo separados. Recordó que ya se tiene la información de las entidades contraloras del Estado y de los operadores de justicia a las que se les solicitó información de los oficiales de la Policía Nacional para determinar si continúan o van a ser cancelados.
Además, detalló que en esta semana la Comisión Especial de Depuración va a finalizar la preparación de los expedientes que van a ser remitidos al Ministerio Público donde altos oficiales y agentes de la escala básica “son señalados de haber cometido supuestos actos de corrupción, crímenes y otros delitos”.
Advirtió que la Comisión ha hallado policías vinculados “a redes que se han dedicado a matar, robar, extorsionar y proteger a narcotraficantes, y a ejecutar acciones articuladas con maras y pandillas en perjuicio del pueblo”.
Reiteró que la labor de la Comisión culmina con la cancelación, separación y la acción administrativa para quitarles el uniforme, la chapa y el arma de reglamento, pero la acción penal le corresponde al MP.
Rivera, además, reiteró que el proceso de depuración y transformación de la Policía Nacional “avanza irrefrenable, no se interrumpe ni se estanca”, a pesar de las amenazas y acciones de intimidación en contra de la Comisión Especial.
Él, quien la semana pasada sacó a su familia del país por amenazas de muerte, afirmó que no van a disminuir su empeño “hasta lograr los grandes objetivos que nos hemos trazado”. Y dijo que “si bien es cierto hemos tomado medidas extremas de seguridad, las mismas se adoptan a fin de evitar poner en peligro la integridad física de nuestras familias y de esta manera evitar distracciones en nuestro trabajo.
En lo particular, quiero estar concentrado en mis responsabilidades, sin preocupación alguna, enfocado en la ardua tarea de ejecutar la necesaria profilaxis que necesita la Policía Nacional, la reingeniería de sus procesos institucionales”.
