La posibilidad de legalizar su situación migratoria en España se ha convertido en una ventana decisiva para miles de hondureños, pero también en una carrera contra el tiempo marcada por trámites burocráticos, costos que se disparan y documentos que no llegan a tiempo desde Honduras.
En medio de ese escenario, la líder comunitaria Blanca Ramírez, presidenta de la Asociación para la Comunidad Migrante Ágape (Acma) con sede en Valencia, España, describe un ambiente de urgencia entre una comunidad deseosa de aprovechar la oportunidad que ofrece el gobierno de España, que les permitirá vivir y trabajar legalmente en España, país del sueño europeo.
“La verdad que todos están preocupados... aquí todo el mundo está a la expectativa de tener la documentación”, señala, al explicar que la comunidad ha reaccionado de forma masiva ante la oportunidad que ha promovido el presidente español Pedro Sánchez.
España ha decidido impulsar una regularización extraordinaria y temporal para personas migrantes en situación irregular. Su objetivo es darles permiso legal de residencia y trabajo si ya vivían en el país antes de una fecha determinada y cumplen ciertos requisitos.
Este proceso es una respuesta directa a dos presiones: por un lado, la necesidad de ordenar y sacar de la economía informal a miles de migrantes que ya viven y trabajan en el país; y por otro, cubrir vacantes en sectores donde falta mano de obra, como cuidados, hostelería, agricultura y construcción.
El Gobierno, desde La Moncloa, ha planteado que integrar a estas personas al sistema legal permite que coticen a la seguridad social, paguen impuestos y reduzcan la precariedad laboral, además de evitar abusos.
Pagan hasta 120 euros por documentos que a colombianos les cuestan solo 9 euros
Aunque no se ha fijado una cifra única oficial de beneficiarios solo para este proceso específico, distintas estimaciones del propio Ejecutivo apuntan a que las reformas migratorias y mecanismos de arraigo podrían alcanzar a cientos de miles de personas en situación irregular, en un país donde se calcula que esta población supera el medio millón.
Los hondureños, al igual que otras comunidades de inmigrantes en España tienen varias alternativas para vivir y trabajar legalmente en España.
El gobierno de Pedro Sánchez abrió varias vías para acceder a la regularización, hasta ocho, según explica Ramírez, lo que abre posibilidades para distintos perfiles: desde quienes logran una oferta laboral, hasta familias completas que pueden demostrar arraigo o vínculos legales en el país.
También incluye a personas en condición de vulnerabilidad o solicitantes de asilo, ampliando el alcance de la medida a sectores que tradicionalmente han quedado fuera.
Sin embargo, el verdadero obstáculo no está en España, sino en Honduras. Para completar el proceso, los migrantes deben presentar antecedentes penales autenticados y apostillados, además de documentos como partidas de nacimiento en casos de arraigo familiar.
Y es ahí donde los tiempos juegan en contra. “Tramitar un documento de antecedente ahora pasó de 17 días a tardarse un mes”, advierte Ramírez, lo que reduce significativamente las posibilidades de cumplir antes de la fecha límite.
El costo de esos documentos, que en teoría es bajo, termina multiplicándose en la práctica. Aunque los trámites oficiales pueden rondar los 15 o 20 euros, muchos migrantes terminan pagando entre 65 y hasta 100 euros debido a intermediarios.
“Hay tramitadores que los dan a 100, a 95...”, dice Ramírez, quien hace un llamado a la embajada de Honduras en España para que habilite que este documento se emita en los consulados, evitando así que intermediarios se aprovechen. Puso como ejemplo el caso de Colombia.
Ahí los nacionales de ese país pagan solo 9 euros (unos 281 lempiras) por los mismos documentos que a los hondureños les cuestan hasta 120 euros (3,746 lempiras) en los casos más extremos, evidenciando lo inalcanzable que puede ser el trámite, por ejemplo, cuando se trata de núcleos familiares completos de hasta cinco o más integrantes.
Esta presión económica se suma a otra realidad: en España, trabajar sin papeles no es una opción viable. A diferencia de otros países, las sanciones para empleadores son severas.
“Si yo tengo un hondureño sin documentación... me cae una multa de casi 30,000 euros”, explica Ramírez quien conversó vía telefónica con LA PRENSA. Esto deja a muchos migrantes en un limbo, sin posibilidad de empleo formal mientras esperan regularizarse.
A pesar de las dificultades, el incentivo es alto. Obtener la residencia no solo permite acceder al mercado laboral, sino que abre la puerta a una estabilidad a largo plazo.
Según Ramírez, quienes logren completar el proceso pueden acceder a una tarjeta de hasta cuatro años y, en el caso de los hondureños, optar a la nacionalidad en un plazo relativamente corto. “En dos años ya pueden tener la nacionalidad”, afirma.
El problema es que el tiempo se agota. El proceso tiene como fecha límite el 30 de junio, lo que deja apenas semanas para reunir toda la documentación. “La gente se tiene que apurar... porque el tiempo no alcanza”, insiste.
En este contexto, organizaciones comunitarias han asumido un rol clave para evitar que los migrantes queden fuera por falta de recursos.
Desde Valencia, la asociación Acma que dirige Ramírez, brinda apoyo gratuito en la preparación de expedientes, llenado de formularios y gestión de citas.
“Les preparamos una carpeta... y les hacemos la cita gratis... así no gastan nada”, explica, en un esfuerzo por aliviar la carga económica de familias que, en muchos casos, no pueden pagar abogados.
La información oficial sobre el proceso ha sido publicada por La Moncloa, donde se detallan los requisitos y formularios necesarios. Incluso, el gobierno español habilitó el sitio web inclusion.gob.es/regularización con toda la información que incluye un simulador, para que los migrantes prueben si califican o no, antes de someterse al proceso.
Desde el mismo portal, puede encontrar un formulario para verificar si se cumplen los requisitos para optar la regularización, iniciar el propio trámite si dispone de certificado electrónico y solicitar cita previa.
Este portal web cuenta con información detallada del proceso, tanto de en qué consiste exactamente y cuáles son sus potenciales beneficiarios, como documentación específica, etc.
Esta información se ha articulado en diferentes formatos, con preguntas frecuentes y vídeos que serán actualizadas según se vayan detectando nuevas necesidades. Si después de leer toda esta información surge alguna duda específica, se podrá realizar a través de un formulario.
Además, las personas interesadas van a tener a su disposición una serie de videos explicativos con diferentes aspectos del proceso de tramitación, solicitud de cita, etc.
La web incluye un apartado con los documentos más importantes, tales como el texto de la norma publicado en el Boletín Oficial del Estado o el formulario de vulnerabilidad, que sirve para acreditar la vulnerabilidad en caso de tener que acreditar esa situación como vía para acceder a la regularización.
Pese a esta disponilidad de información, la contraparte hondureña es la que causa preocupación. Para muchos migrantes, entender el procedimiento sigue siendo un desafío en medio de la urgencia.
España se ha convertido en un nuevo destino para miles de hondureños que han dejado de mirar hacia Estados Unidos. “Un montón de gente cambió su viaje y se fue para España”, relata Ramírez. Ahora, con esta apertura, tienen una oportunidad real de cambiar su estatus migratorio.
