Las negociaciones para aprobar reformas al subsector eléctrico se descarrilaron esta semana tras la aparición de un nuevo proyecto de decreto presentado por el diputado nacionalista Adolfo Ráquel, que no había sido discutido previamente entre las fuerzas políticas ni con todos los agentes del sector.
La iniciativa plantea un piso de precios para las energías renovables en el mercado spot, amplía beneficios fiscales y permite modificaciones a contratos y concesiones existentes, de acuerdo con el contenido del proyecto y el análisis de especialistas.
El giro puso en pausa el acuerdo que se perfilaba para avanzar con cambios destinados a fortalecer financieramente a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee).
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) cuestionó que la nueva propuesta no haya sido consensuada con todos los sectores vinculados al mercado eléctrico y pidió al Congreso Nacional acelerar una reforma estructural.
Anabel Gallardo, presidenta del Cohep, aseguró que la propuesta del diputado Adolfo Ráquel “en ningún momento se socializó con el Cohep”.
“Nosotros pedimos que se apruebe una ley con la cual podamos mejorar nuestro sistema energético, tanto en materia de seguridad jurídica como en la parte financiera y en la calidad del sistema de energía; que realmente la energía esté a disposición de todo el pueblo hondureño y que haya competitividad en los precios”, manifestó Gallardo.
Uno de los principales cuestionamientos se concentra en el mecanismo de precios planteado para las energías renovables. El proyecto argumenta que busca reducir las pérdidas del subsector mediante un precio de referencia para cada tecnología renovable y de almacenamiento.
La iniciativa también extiende las exoneraciones fiscales a toda generación renovable y al almacenamiento asociado, independientemente de su capacidad instalada, e incluye proyectos de autoconsumo y participantes del mercado spot.
Ampliar la socialización con los sectores involucrados
Otro de los puntos planteados es la convalidación en bloque de permisos y contratos antiguos de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) como equivalentes a los otorgados bajo el marco de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (Cree).
El proyecto establece, además, que los titulares de contratos de operación anteriores a la Ley General de la Industria Eléctrica puedan solicitar ampliaciones de capacidad, área y plazo, entre otras modificaciones.
Según el análisis de especialistas, esto permitiría extender concesiones existentes sin procesos de competencia o licitación. La propuesta también contempla que redes privadas integradas verticalmente puedan atender directamente a determinados usuarios.
De acuerdo con el análisis entregado, esta disposición permitiría a esas redes captar clientes de mayor valor que actualmente son atendidos por la Enee.
Desde la Presidencia del Congreso Nacional se ha señalado que es necesario ampliar la socialización con los sectores involucrados antes de alcanzar un texto definitivo. El Partido Liberal, además, prepara una contrapropuesta para la próxima semana.
“Aquí lo importante es que esta decisión busca fortalecer la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, darle ese oxígeno financiero que necesita y que el beneficiado final sea el pueblo hondureño con un servicio estable y a precio justo”, reiteró Tomás Zambrano, presidente del Poder Legislativo.
Desde la Comisión de Energía también se reconoció que existen diferencias de último momento, pese a que inicialmente había coincidencias en puntos como el fortalecimiento del ente regulador y la separación operativa de la estatal.
“Consideramos que los elementos que han presentado son buenos y pueden ir en el dictamen final; esperamos que la próxima semana tengamos el documento para discutirlo en el pleno”, indicó Milton Puerto, presidente de la comisión legislativa.
El nuevo proyecto modificó el escenario de las conversaciones y obliga a las fuerzas políticas a revisar los términos de un eventual acuerdo para reformar el subsector eléctrico.
El desenlace de las negociaciones será determinante para definir las reglas que regirán los contratos de generación, los precios de la energía renovable, los beneficios fiscales y la participación de actores privados en el mercado eléctrico, mientras la Enee continúa enfrentando una situación financiera que presiona las finanzas públicas.
