Tegucigalpa, Honduras.
Tomás Zambrano, secretario de la junta directiva del Congreso Nacional, aclaró ayer que las reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto General de la República no abarca a otros funcionarios de la administración pública, ya que solo es para diputados investigados.
El directivo enfatizó en que las reformas a la Ley de Presupuesto no pueden legalmente usarse para beneficiar a personas que ya están acusadas en los tribunales de justicia.
Su reacción surge luego de que ante la Sala I del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional fuera interpuesto un recurso de excepción que busca favorecer a presuntos saqueadores del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) con la polémica reforma hecha recientemente a la Ley de Presupuesto.
El recurso lo interpuso Óscar Eduardo Lagos, defensor de Carlos Fuentes Guerra, acusado por el Ministerio Público (MP) por el delito de testaferrato. Lagos argumentó que este recurso fue interpuesto por falta de competencia y falta de acción del MP, debido a que la reforma establece que es el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) el que debe auditar los fondos públicos que hayan sido administrados por un funcionario y que sin un pronunciamiento de ellos no se puede interponer una acción penal por parte de la Fiscalía.
A este recurso se adhirieron las defensas de Mario Zelaya, José Ramón Bertetty y Juan Carlos Maradiaga, todos vinculados en los casos de corrupción del IHSS.
Señaló que la polémica reforma establece que debe favorecer a todos los funcionarios públicos que han administrados fondos y no solo a diputados y exdiputados.
“Mi cliente no es funcionario público y es acusado de testaferrato, y este delito es usar fondos públicos para la compra de algunos bienes. Definitivamente, los funcionarios públicos que utilizaron esos bienes fueron Mario Zelaya, Ramón Bertetty y Juan Carlos Maradiaga y, por ende, de allí se deriva la acusación del Ministerio Público”, señaló Lagos.
Tomás Zambrano, secretario de la junta directiva del Congreso Nacional, aclaró ayer que las reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto General de la República no abarca a otros funcionarios de la administración pública, ya que solo es para diputados investigados.
El directivo enfatizó en que las reformas a la Ley de Presupuesto no pueden legalmente usarse para beneficiar a personas que ya están acusadas en los tribunales de justicia.
Su reacción surge luego de que ante la Sala I del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional fuera interpuesto un recurso de excepción que busca favorecer a presuntos saqueadores del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) con la polémica reforma hecha recientemente a la Ley de Presupuesto.
El recurso lo interpuso Óscar Eduardo Lagos, defensor de Carlos Fuentes Guerra, acusado por el Ministerio Público (MP) por el delito de testaferrato. Lagos argumentó que este recurso fue interpuesto por falta de competencia y falta de acción del MP, debido a que la reforma establece que es el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) el que debe auditar los fondos públicos que hayan sido administrados por un funcionario y que sin un pronunciamiento de ellos no se puede interponer una acción penal por parte de la Fiscalía.
A este recurso se adhirieron las defensas de Mario Zelaya, José Ramón Bertetty y Juan Carlos Maradiaga, todos vinculados en los casos de corrupción del IHSS.
Señaló que la polémica reforma establece que debe favorecer a todos los funcionarios públicos que han administrados fondos y no solo a diputados y exdiputados.
“Mi cliente no es funcionario público y es acusado de testaferrato, y este delito es usar fondos públicos para la compra de algunos bienes. Definitivamente, los funcionarios públicos que utilizaron esos bienes fueron Mario Zelaya, Ramón Bertetty y Juan Carlos Maradiaga y, por ende, de allí se deriva la acusación del Ministerio Público”, señaló Lagos.
