Santa Bárbara, Honduras. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, inspeccionó este viernes la abandonada cárcel de La Acequía, ubicado en el sector de Naco, municipio de Quimistán, Santa Bárbara, para conocer las condiciones del terreno y evaluar si puede utilizarse para construir un nuevo centro penal en Honduras.
El recorrido se realizó junto a otras autoridades, como parte de las acciones encaminadas a identificar un sitio adecuado para desarrollar la nueva infraestructura penitenciaria.
La Acequía permanece abandonada e inconclusa desde hace varios años, pero volvió a ser considerada entre las alternativas que las autoridades analizan para ampliar la capacidad del sistema carcelario hondureño.
Zambrano explicó que la inspección responde a una moción aprobada por el Congreso Nacional para impulsar la construcción de un nuevo centro penitenciario y determinar cuál de las opciones disponibles reúne las condiciones necesarias.
Presidente del Congreso Nacional Tomás Zambrano reafirma combate al crimen organizado con inspección de terrenos para la construcción de nueva cárcel de máxima seguridad https://t.co/RAeOEcJbJ9
— Congreso Nacional de Honduras (@hn_congreso) October 23, 2026
“Después de la moción que aprobamos para la construcción de un nuevo centro penal quedamos en hacer visitas a las opciones de los poderes de justicia para poder decidir en qué lugar se puede llevar a cabo la construcción de un nuevo centro penal”, expresó el titular del Legislativo.
El titular del Legislativo detalló que el terreno de La Acequía comprende al menos 50 manzanas y cuenta con inversiones en infraestructura realizadas anteriormente, factores que serán considerados durante la evaluación.
La visita tiene como finalidad conocer el estado actual de las instalaciones y establecer si es viable aprovechar las obras existentes para desarrollar el proyecto. Sin embargo, todavía no se ha confirmado que la construcción vaya a retomarse en ese lugar.
Zambrano mencionó que, si los trabajos iniciaran a principios de 2027, sería posible construir dos o tres módulos y habilitar los primeros en un período estimado de entre ocho y diez meses.
En cuanto a la capacidad prevista, el presidente del Congreso mencionó una cifra cercana a los 1,300 privados de libertad. No obstante, no precisó si ese número corresponde únicamente al proyecto La Acequía o al conjunto de las instalaciones que se encuentran bajo evaluación.
Sostuvo que uno de los propósitos de construir un nuevo establecimiento es reforzar la vigilancia y evitar que las estructuras criminales continúen coordinando actividades delictivas desde las cárceles.
“Aquí van a estar con un control absoluto para que desde los centros penales no volvamos a vivir que se ordenen asesinatos y extorsión”, afirmó Zambrano.
Por ahora, La Acequía continúa siendo una de las alternativas en estudio. La decisión final dependerá de las evaluaciones que realicen las autoridades sobre las condiciones del terreno, la infraestructura existente y la viabilidad de ejecutar la obra.
Proyecto quedó en el abandono
Es preciso mencionar que el proyecto de La Acequía surgió después del incendio ocurrido el 17 de mayo de 2004 en el centro penal de San Pedro Sula, donde murieron 107 privados de libertad.
La construcción de una nueva cárcel se planteó como parte de los esfuerzos para mejorar las condiciones del sistema penitenciario hondureño.
La iniciativa avanzó con la creación de una comisión mediante el decreto ejecutivo PCM-15-2007, durante el gobierno de Manuel Zelaya. Sin embargo, los trabajos de construcción comenzaron en 2013, bajo la gestión de la Fundación para la Construcción del Centro Penal, vinculada al proyecto impulsado por monseñor Rómulo Emiliani.
La obra quedó paralizada en 2016, cuando el Instituto Nacional Penitenciario asumió la administración del proyecto y se planteó la necesidad de revisar su diseño.
Para entonces se habían construido seis módulos, además de cercos perimetrales, torreones y otras instalaciones. El abandono y los recursos destinados a la obra fueron objeto de investigaciones del Ministerio Público y señalamientos del Consejo Nacional Anticorrupción, que reportó desembolsos por más de 544 millones de lempiras.
