Las autoridades policiales recibieron la orden de captura contra el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, la noche del jueves 22 de octubre, confirmó el viceministro de Seguridad, Rommel Martínez.
El funcionario informó que los equipos policiales ya realizan las diligencias necesarias para dar cumplimiento a la disposición emitida por las autoridades judiciales.
Martínez explicó que, tras recibir el documento, las instituciones correspondientes comenzaron a seguir los procedimientos establecidos para ejecutar la orden.
“Ya estamos siguiendo el protocolo correspondiente. Se recibieron ayer en horas de la noche y los equipos andan trabajando en ello porque es una orden judicial que debe de cumplirse, pero no se han hecho efectivas todavía”, manifestó el viceministro.
Cabe mencionar que el Ministerio Público también presentó orden de captura contra el gerente general de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (Enag), Edis Antonio Moncada Eguigure.
El funcionario precisó que, pese a que las órdenes judiciales ya están en poder de las autoridades, las capturas aún no se han concretado.
El proceso judicial contra Redondo está relacionado con un requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público contra él y otros integrantes de la extinta comisión permanente del Congreso Nacional, por actuaciones realizadas durante el proceso electoral 2025.
Según el Poder Judicial, al exfuncionario se le atribuyen cuatro presuntos delitos: perturbación ilícita contra el funcionamiento de las instituciones, usurpación de funciones y dos delitos de violación de los deberes de los funcionarios.
El expediente comprende a 14 personas y un total de 21 presuntos delitos vinculados con las actuaciones de los integrantes de la Comisión Permanente.
La magistrada Anny Belinda Ochoa fue designada como jueza natural para conocer el caso y dar seguimiento al proceso judicial. Además, el Ministerio Público solicitó que las diligencias se mantengan bajo secretividad.
Los señalamientos están relacionados con decisiones y actuaciones de ese órgano legislativo, cuya legalidad deberá ser analizada por las autoridades judiciales durante el desarrollo del proceso.
