¿Qué delitos les imputan a Luis Redondo y los otros 13 diputados de la Comisión Permanente?
El Ministerio Público acusa a 14 exintegrantes de la Comisión Permanente por 21 delitos, entre ellos falsificación de documentos, usurpación de funciones y violación de deberes
- Actualizado: 22 de octubre de 2026 a las 16:05 -
La acusación contra Luis Redondo y otros 13 exintegrantes de la extinta Comisión Permanente del Congreso Nacional quedó en manos de la jueza natural Anny Belinda Ochoa, designada por la Corte Suprema de Justicia para conocer el proceso. El portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, confirmó que la Secretaría General de la Corte recibió el requerimiento fiscal contra 14 personas, a quienes el Ministerio Público atribuye un total de 21 delitos relacionados con actuaciones dentro del Poder Legislativo.
Luis Redondo enfrenta cuatro cargos. La Fiscalía acusa al expresidente del Congreso Nacional por perturbación ilícita contra el funcionamiento de las instituciones, usurpación de funciones y dos delitos de violación de los deberes de los funcionarios, por actuaciones durante su gestión al frente de la Comisión Permanente.
Hugo Noé Pino. Por perturbación ilícita contra el funcionamiento de las instituciones, el Código Penal contempla penas de tres a seis años de prisión. La usurpación de funciones establece de uno a cuatro años, mientras que la violación de los deberes de los funcionarios puede conllevar inhabilitación especial de tres a seis años, según la información proporcionada.
Luz Angélica Smith Mejía enfrenta tres acusaciones: falsificación de documentos públicos, usurpación de funciones y violación de los deberes de los funcionarios. Los mismos delitos se atribuyen a otros legisladores y excongresistas señalados en el requerimiento fiscal.
Edgardo Casaña. Entre los diputados acusados por esos tres delitos figuran Hugo Noé Pino, Fabricio Sandoval, Kritza Pérez, Linda Donaire, Scherly Arriaga y Edgardo Casaña, todos mencionados en la acusación presentada por el Ministerio Público.
Fabricio Sandoval. El requerimiento también incluye a los excongresistas Carlos Raudales, Karen Martínez, Juan Barahona, Silvia Ayala y Osman Chávez, a quienes se atribuyen falsificación de documentos públicos, usurpación de funciones y violación de los deberes de los funcionarios.
Por su parte, Edis Moncada, exgerente de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (Enag), enfrenta acusación por violación de los deberes de los funcionarios. La información proporcionada no le atribuye los otros dos delitos señalados contra los legisladores y excongresistas.
Silvia Ayala. En total, el Ministerio Público atribuye 21 delitos a los 14 acusados. La distribución individual de todos los cargos deberá establecerse conforme al requerimiento fiscal y las actuaciones que se conozcan durante el proceso judicial.
Linda Donaire. Seis diputados anunciaron su sometimiento voluntario. El abogado Darwin García presentó un escrito ante la Secretaría General de la Corte en representación de Linda Donaire, Kritza Pérez, Hugo Noé Pino, Luz Angélica Smith, Edgardo Casaña y Scherly Arriaga.
Juan Barahona. En el documento, el profesional del derecho comunicó la disposición de sus representados de someterse voluntariamente al proceso penal y solicitó que se establezcan la fecha y la hora para la audiencia de declaración de imputado.
Karen Martínez. La acusación está relacionada con las actuaciones de la Comisión Permanente, encabezada por Redondo, que asumió decisiones cuestionadas por sectores de la oposición durante su funcionamiento.
Carlos Raudales. Una de las controversias fue el nombramiento interino de Johel Zelaya como fiscal general y Mario Morazán como fiscal general adjunto. La oposición cuestionó esas designaciones al considerar que correspondían al pleno de los 128 diputados y no a una comisión integrada por nueve legisladores.
Osman Chávez. Otra actuación señalada ocurrió durante las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, cuando la Comisión Permanente anunció que no validaría los resultados electorales y se pronunció sobre los plazos legales y la declaratoria del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Kritza Pérez. La instancia también conoció solicitudes de ascensos policiales y militares, ordenó elaborar informes sobre la legalidad de las autoconvocatorias de diputados opositores y dispuso publicar en La Gaceta resoluciones relacionadas con su instalación y funcionamiento.
Scherly Arriaga. La responsabilidad penal de los acusados deberá determinarse en las instancias judiciales correspondientes.
