Próxima semana se definirá el receso en el Congreso Nacional

Las autoridades del Congreso y los líderes de bancada acordarán el inicio del receso ordinario; no obstante, el pleno se mantendrá disponible para convocatorias de emergencia

  • Actualizado: 14 de junio de 2026 a las 14:52 -
Próxima semana se definirá el receso en el Congreso Nacional
Tegucigalpa, Honduras

La Junta Directiva del Congreso Nacional y los jefes de bancada definirán la próxima semana, en una mesa de trabajo, la fecha oficial del receso ordinario de la presente legislatura.

A diferencia de años anteriores, este período de vacaciones parlamentarias se desarrollará bajo un escenario jurídico distinto, debido a las recientes modificaciones que alteraron el funcionamiento interno del Poder Legislativo.

Las autoridades del Parlamento confirmaron que la agenda legislativa de la próxima semana arrancará el lunes, espacio en el que se oficializará el cronograma del receso.

El nuevo diseño institucional establece que la suspensión de las sesiones ordinarias no significará una desatención de los asuntos del Estado, ya que los 128 diputados se mantendrán en condición de disponibilidad permanente para atender cualquier contingencia que demande la reactivación inmediata de los debates en el Palacio Legislativo.

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Los líderes de las bancadas mayoritarias explicaron que el Congreso Nacional implementará mecanismos tecnológicos para agilizar la toma de decisiones en caso de suscitarse una crisis de orden público.

“Ya tomamos una determinación, la directiva con los jefes de bancada, sobre el receso que establecía la ley y que ahora es atribución de la directiva, junto con los jefes de bancada, establecer. En este período no entra en funcionamiento la Comisión Permanente y, en cualquier momento, se les podría convocar durante el tiempo que determinemos”, manifestó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.

La presidencia de la cámara legislativa enfatizó que la convocatoria a reuniones de carácter extraordinario está plenamente garantizada, sin importar la ubicación geográfica en la que se encuentren los diputados durante sus días de asueto.

El protocolo de emergencia contempla el uso de herramientas virtuales para facilitar la instalación de sesiones remotas si las circunstancias nacionales impiden la comparecencia física de los congresistas en el recinto de Tegucigalpa.

La directiva parlamentaria reiteró que el compromiso de los partidos políticos representados en la cámara es mantener un canal de comunicación fluido durante las semanas que dure el receso.

“La próxima semana las sesiones inician el lunes y estaríamos anunciando a partir de qué fecha entraría en receso este Congreso Nacional, con la observación de que, ante cualquier emergencia, tendríamos que convocar. De no ser posible, podríamos hacerlo a través de plataformas digitales para quienes se encuentren fuera, a fin de llevar a cabo una sesión si fuera necesario”, detalló Zambrano.

Esta nueva dinámica de receso obedece al contexto de las reformas que el Congreso Nacional aprobó a la Constitución de la República y a su propia Ley Orgánica.

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El núcleo de dicha enmienda se centró en la eliminación definitiva de la controvertida Comisión Permanente, un órgano reducido de diputados que anteriormente asumía el control del Legislativo durante los períodos de vacaciones y que provocó severas crisis políticas por el uso cuestionado de sus facultades administrativas y de nombramiento.

Con la normativa vigente, las facultades de convocar a sesiones extraordinarias de emergencia o gestionar asuntos de orden público ya no pertenecen a una comisión especial, sino que la Junta Directiva en pleno asumirá estas responsabilidades bajo un estricto equilibrio de contrapesos.

Entre las nuevas prerrogativas, se establece de forma explícita que el presidente de la Junta Directiva será el único encargado de autorizar el ingreso de la fuerza pública para resguardar las instalaciones del Palacio Legislativo y salvaguardar la integridad de los diputados frente a posibles disturbios, bajo pena de responsabilidad penal para los jefes de seguridad pública si incumplen dicha solicitud.

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