El Congreso Nacional aprobó por unanimidad una adenda que extiende el plazo contractual para el suministro, montaje e implementación de tecnología de punta en el sistema penitenciario nacional.
La disposición tiene como propósito fundamental blindar los controles de acceso en los diferentes centros penales del país mediante el uso de escáneres corporales y dispositivos avanzados de radiación, frenando así el ingreso de objetos prohibidos y sustancias ilícitas.
La determinación adoptada en la cámara legislativa concede el tiempo necesario para que la empresa adjudicada culmine con la entrega e instalación de los complejos sistemas tecnológicos en las aduanas penitenciarias.
"La medida permitirá continuar con la implementación del equipamiento de seguridad en el sistema penitenciario nacional", establece el dictamen aprobado por el Congreso Nacional.
El equipamiento tecnológico programado para su distribución a escala nacional abarca escáneres corporales de rayos X de alta definición, bandas transportadoras para la revisión minuciosa de encomiendas y una serie de dispositivos portátiles de última generación.
Estas herramientas biométricas y electrónicas serán operadas en los puntos de control de los penales de máxima y mediana seguridad, reduciendo el margen de error humano en las requisas diarias.
Según el documento legal refrendado por los parlamentarios, la solicitud de ampliación cronológica fue planteada originalmente por el consorcio privado a cargo del proyecto debido a retrasos logísticos en la importación de los componentes de alta tecnología.
La petición recibió el visto bueno de las gerencias administrativas y el departamento legal del Instituto Nacional Penitenciario (INP), quienes determinaron la viabilidad técnica de la prórroga.
"La iniciativa contempla escáneres de rayos X y dispositivos portátiles para inspecciones de seguridad", detalla el informe del Poder Legislativo.
La resolución emitida en el hemiciclo recalca que la modificación se limita estrictamente a los tiempos de ejecución del proyecto, por lo que las condiciones financieras, las garantías de cumplimiento y las cláusulas de transparencia pactadas en el contrato original se mantienen inalterables.
Con esta salvaguarda jurídica, el Estado de Honduras busca asegurar la correcta aplicación de los fondos públicos destinados a la seguridad nacional.
Con la ratificación de esta adenda parlamentaria, las agencias de seguridad ciudadana y las autoridades carcelarias dispondrán de una plataforma tecnológica uniforme para estandarizar los protocolos de revisión tanto para el personal penitenciario como para las visitas.
