Asfura hace primer cambio en su gabinete y remueve a titular de la Oabi

Elizabeth Rodríguez deja la Oficina Administradora de Bienes Incautados antes de cumplir cuatro meses en el cargo, pero continuará en el Gobierno como nueva titular de la Cicesct. En su lugar fue nombrado el abogado Jorge Alberto Cálix Orellana.

  • Actualizado: 27 de mayo de 2026 a las 17:01 -
Asfura hace primer cambio en su gabinete y remueve a titular de la Oabi
Tegucigalpa, Honduras

El presidente Nasry Asfura realizó este miércoles 27 de mayo el primer cambio en su gabinete de gobierno con la remoción de la abogada Elizabeth Rodríguez como titular de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).

Rodríguez no continuará al frente de la institución, cargo para el que había sido designada el pasado 6 de febrero, por lo que su gestión en la OABI no alcanzó los cuatro meses.

Sin embargo, la abogada seguirá como funcionaria del Gobierno, ya que fue nombrada como nueva autoridad de la Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas de Honduras (Cicesct).

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En esa institución reemplazará a Sua Martínez, quien se mantuvo al mando durante la administración de la expresidenta Xiomara Castro.

Como nuevo titular de la Oabi fue designado el abogado Jorge Alberto Cálix Orellana, quien ha destacado en el litigio privado. Su nombre no corresponde al diputado liberal Jorge Cálix, sino a un profesional del derecho que además es padre del alcalde de Gracias, Lempira, José Mario “Chelito” Cálix.

El movimiento se produce días después de que el presidente Asfura advirtiera que haría cambios dentro de su gabinete en caso de que algún funcionario no cumpliera con sus responsabilidades.

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No obstante, desde el Poder Ejecutivo se ha sostenido que la salida de Rodríguez de la Oabi no obedece a un bajo rendimiento en sus funciones, sino a una estrategia institucional para reacomodar perfiles dentro de la administración pública.

La Oabi es una institución clave en la administración, custodia y manejo de bienes incautados, decomisados o asegurados en procesos vinculados con actividades ilícitas, por lo que el cambio ocurre en una dependencia sensible dentro del aparato estatal.

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