La persistencia de altos niveles de impunidad y la falta de mecanismos de prevención y protección mantienen el periodismo como una actividad de "alto riesgo" en Honduras, con 103 asesinatos de personas vinculadas a medios entre 2001 y 2026, advirtió este domingo el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
Con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el ente estatal subrayó en un comunicado que "sin periodismo libre no hay democracia ni justicia" y que el deber del Estado es "proteger" a quienes buscan la verdad para garantizar una "sociedad transparente y participativa".
El Conadeh detalló que en 2025 atendió 208 quejas por presuntas violaciones a las libertades de pensamiento y expresión, entre ellas casos de calumnias, injurias, afectaciones a la imagen, el honor y la reputación, divulgación de información personal, restricciones al derecho a expresarse y censura de prensa.
El espacio cívico y mediático en Honduras, añadió, evidenció durante 2025 un "patrón de hostigamiento e intimidación" contra periodistas, comunicadores sociales y medios de comunicación, con amenazas, agresiones, campañas de descrédito, violencia digital y acciones judiciales usadas como mecanismos de presión. contra
Asesinatos de trabajadores de medios
El organismo alertó además de que parte de esos discursos estigmatizantes y acciones de presión fueron atribuidos a funcionarios del Estado y altos mandos militares, lo que, a su juicio, "agrava el efecto amedrentador" por el peso de sus cargos e incidencia institucional.
De acuerdo con los registros del Conadeh, entre 2001 y 2026 Honduras contabilizó 103 muertes violentas de personas vinculadas a los medios de comunicación, de estos el 88 % permanece en la impunidad y apenas el 12 % cuenta con una sentencia condenatoria.
La vulnerabilidad del sector se acentuó entre 2022 y 2025, periodo en el que el país centroamericano registró 13 asesinatos de trabajadores de medios, de ellos, solo tres han concluido con la condena de los responsables, según los datos del ente defensor.
Sostuvo que las querellas, campañas de descrédito, violencia digital, presiones para revelar fuentes y discursos estigmatizantes pueden configurar formas de censura indirecta e instalar un clima de autocensura incompatible con el derecho a un debate público "libre y robusto".
Agregó que la obligación estatal no se limita al reconocimiento normativo de la libertad de expresión, sino que exige "condiciones adecuadas para prevenir la violencia contra periodistas, abstenerse de estigmatizar" y respetar la reserva de las fuentes.
El organismo también afirmó que más de 80 medios de comunicación del país han sufrido la muerte violenta de uno o varios de sus trabajadores. EFE
