Honduras, de los países más letales para ejercer el periodismo

Tegucigalpa, Honduras.

A casi 11 años de su dantesco asesinato, el caso del periodista Aníbal Barrow volvió a resonar este 2024 luego que Devis Leonel Rivera Maradiaga, jefe del cartel Los Cachiros, revelara en el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández que esta organización criminal estuvo detrás de su muerte “porque hablaba mal” de la agrupación delictiva.

Este homicidio, que causó esperpento en la sociedad hondureña por el nivel de sadismo, sirve como un testimonio de la peligrosa realidad que enfrentan muchos comunicadores en el país.

Casos similares o más atroces contra periodistas se han registrado en Honduras, país que ya contabiliza 100 muertes de personas ligadas a medios de comunicación, según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh). Del total, 22 han ocurrido en los últimos cinco años.

A nivel de Latinoamérica, Honduras es el segundo país más violento para ejercer periodismo con tres muertes en 2022 -el primero es México (5) y el tercero Ecuador (3)-, de acuerdo al informe de Sombra de la Red Voces del Sur (VDS).

”En 2023, Honduras fue uno de los países más letales para el ejercicio periodístico en la región. Este año inició y concluyó con el asesinato de personas trabajadoras de la comunicación. Se registró el asesinato de 3 personas periodistas y trabajadoras de medios”, menciona el informe.

LA PRENSA Premium analizó a través de la solicitud de información SOL-MP-2587-2024 los registros de los últimos 24 años del Ministerio Público sobre periodistas que han sido víctimas mortales y etapa del proceso de cada caso, donde evidenció el alto grado de impunidad que existe.

Según los datos a los que este medio tuvo acceso, el MP contabiliza 82 casos de homicidios contra periodistas desde el 2001 hasta 2024, de los cuales 58 siguen sin resolver, mientras que apenas seis han recibido sentencia condenatoria (ninguna en Francisco Morazán y apenas tres en Cortés).

Basados en las cifras del MP, encontramos que existe una impunidad del 93%.

Los otros dieciocho casos restantes están en proceso de casación, han recibido sentencia absolutoria o se les ha brindado sobreseimiento definitivo, es decir, que las pruebas presentadas por la Fiscalía no han sido suficientes para que un juez determinara judicializar a los supuestos responsables y han quedado en libertad.

En el caso de Barrow, dos años después de su asesinato sentenciaron a cuatro cómplices y autores materiales, pero las autoridades no lograron identificar al autor intelectual ni determinar el motivo detrás de tan vil crimen.

Los informes del MP registran a 82 víctimas como periodistas o comunicadores sociales, sin embargo, también operadores, editores, productores y dueños de medios de comunicación han sido víctimas de violencia.

Si nos referimos a los 45 municipios donde han ocurrido los crímenes, según el Conadeh, es el Distrito Central, en el departamento de Francisco Morazán, el cual se constituye como el más peligroso para el ejercicio del periodismo.

”Es la misma tendencia de impotencia al acceso a la justicia que en los femicidios, ya que el problema sigue siendo estructural no corregido y esto se traduce a enfrentarnos a una impunidad grave y alta”, reconoció la subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva.

Para la funcionaria, un verdadero cambio solo será posible cuando haya investigaciones adecuadas y eficientes, combinadas con la prevención del delito y el accionar efectivo del poder judicial.

”Ser mujer y periodista en Honduras sigue siendo un factor de alto riesgo para morir violentamente y que el homicidio quede en la impunidad. El sistema de justicia es lento y descoordinado, especialmente en aquellos sectores del país más afectados por desigualdad social y pobreza”, agregó.

Según analizó este medio de comunicación, la poca o nula investigación está rezagada desde 2010, cuando se comenzaron a reportar mayor cantidad de periodistas muertos, por lo que casos más recientes se suman a la larga lista de espera de justicia.

En 2020, varios periodistas fueron asesinados en Honduras, incluyendo a Germán Vallecillo Jr. y Jorge Posadas del canal 45TV en La Ceiba; Luis Almendares en Comayagua; y Pedro Canelas, propietario de Radio Bambi en la región de la Mosquitia, departamento de Gracias a Dios.

En enero de 2024, el periodista Luis Alonso Teruel Vega, colaborador de Pecaligüe Televisión, también fue asesinado por hombres armados. Los atacantes lo bajaron de un vehículo y le dispararon; aunque fue trasladado a un centro de salud, murió minutos después.

Este asesinato ocurrió un mes después del homicidio de Francisco Javier Ramírez Amador en Danlí, El Paraíso. Ramírez Amador estaba bajo protección policial tras un atentado previo en mayo.

Otros casos recientes incluyen el de Edwin Josué Andino y su padre Emilio Andino Amador, quienes fueron secuestrados y asesinados en la capital hondureña. Además, el 30 de enero de este año, el productor Carlos Gerardo Barahona, que trabajaba en Suyapa Medios desde hacía casi una década, también fue asesinado.

Las estadísticas del MP indican el año con mayor cantidad de muertes de comunicadores sociales fue en 2015 con 13 homicidios, mientras para 2021 no se reportó ningún caso.

En el recuento, encontramos que las zonas con mayor casos de homicidios de personas vinculadas a medios es el departamento de Francisco Morazán, el cual registra 19 muertes, seguido de Cortés con 13 muertes de periodistas y el tercer lugar lo ocupa Olancho con ocho homicidios.

Además, desde octubre de 2001, al menos 81 medios de comunicación del país han registrado la muerte violenta de uno o varios de sus empleados, sean estos periodistas, comunicadores sociales, locutores, camarógrafos, fotógrafos, operadores y editores.

Osman Reyes, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), lamentó la falta de investigación que impera en el país, no solo en el muertes de periodistas, sino en homicidios y asesinatos en general.

”Es una pena lo que pasa con nosotros, aquí no se investiga ni se castiga a la gente que comete delitos contra la vida y seguridad de las personas, difícilmente vamos a cambiar. Nosotros tenemos la esperanza de que algunas muertes sean resueltas, pero ya hay otras que no se van a resolver”, expresó.

Julio Velásquez, portavoz del Conadeh, considera que estas cifras de impunidad dan “escalofrío” en el resto de las personas que ejercen periodismo, pues la impunidad se suma a otros conflictos sociales que afectan el país como corrupción, violencia e inseguridad.

”La impunidad es una manera de estimular la comisión de delitos, porque si el delincuente sabe que existen pocas probabilidades de que se le castigue y se juzgue adecuadamente, prácticamente se le está diciendo que siga delinquiendo”, mencionó.

Los entrevistados coincidieron en que la violencia contra periodistas en Honduras tiene un impacto profundo en la calidad de la información que recibe la sociedad hondureña y, por ende, afecta su capacidad para tomar decisiones informadas y participar activamente en la construcción de un país más democrático.

El Conadeh ha recogido 123 quejas de periodistas y comunicadores sociales que denunciaron -entre 2016 y 2024- estar en riesgo o ser víctimas de desplazamiento forzado por violencia.

Se recibieron 50 quejas en Francisco Morazán, 27 en Choluteca y 18 en El Paraíso.

Se consignaron 14 casos en Cortés y 14 en el departamento de Valle, al sur del país. Del total, se han atendido 71.

Un 77% de las víctimas reveló haber recibido amenazas, un 7% de tentativas de homicidio, otro 4% que fueron objeto de lesiones, otro 4% de extorsión, mientras que en resto se quejó que su integridad y su vida estaba en peligro luego de la muerte violenta de algún pariente.

En el 44% de los casos, los responsables de atacar a periodistas y comunicadores sociales son personas desconocidas y en un 26% conocidos.

En el 22% de los casos se responsabilizó a miembros de maras y pandillas, en un 4% a vecinos y en otro 4% a operadores de justicia, según datos del Conadeh.

En los primeros cuatro meses de 2024, la institución recogió diez quejas de periodistas que dijeron estar en riesgo.

Amada Ponce, directora ejecutiva del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), planteó la urgente necesidad de implementar políticas públicas efectivas para salvaguardar la seguridad de los periodistas en el país.

En conversación con LA PRENSA Premium, destacó una serie de medidas cruciales que, a su juicio, podrían contribuir significativamente a este fin.

En primer lugar, dice que es necesario armonizar la normativa relacionada con el ejercicio periodístico y la libertad de expresión, especialmente en el Código Penal, donde se han identificado 18 delitos contra el ejercicio periodístico, entre ellos los “delitos contra el honor”, que han resultado en querellas contra más de 40 comunicadores en las últimas dos décadas.

”El Estado debe garantizar de manera efectiva el derecho de los periodistas a ejercer su labor libre de violencia y, en consecuencia, sancionar a quienes vulneran el derecho de la sociedad hondureña a acceder a información de interés público”, expresó.

Otro punto crucial es la implementación efectiva del Sistema Nacional de Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas y Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia. Amada señala que el Estado debe cumplir con los estándares de implementación de este sistema, asignando los recursos necesarios para su funcionamiento eficiente y oportuno.

En relación con la investigación y el acceso a la justicia en los casos de crímenes contra periodistas, la entrevistada mencionó la importancia de realizar investigaciones exhaustivas que conduzcan al esclarecimiento y la justicia.

Destacó que la impunidad en estos casos no solo afecta la calidad de la información que recibe la sociedad hondureña, sino que también mina la confianza en las instituciones encargadas de administrar justicia.

Aníbal Barrow ocupa el lugar 29 de los 82 periodistas fallecidos que documenta el MP y la etapa sigue en investigación, pues aunque se logró condenar a los autores materiales del vil crimen, se estima que faltan responsables, además de que el misterio siempre fue quién dio la orden y el motivo detrás de ella.

Esto no se reveló sino hasta once años después -febrero 2024-, durante el polémico juicio en el que resultó culpable de narcotráfico del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022).

En ese juicio, David Maradiaga, alias ‘El Cachiro’, confesó haber ordenado el asesinato del comunicador a unos sanguinarios sicarios, porque Barrow “hablaba mal de “Los Cachiros”” .

Sin embargo, Maradiaga no guarda prisión en Estados Unidos ni por ese ni por otros crímenes, sino por narcotraficante. Aun así, decidió entregarse voluntariamente y se volvió colaborador de la Fiscalía estadounidense para declarar en contra de importantes capos.

Expertos consultados por este medio lamentan que Honduras no haya condenado a Maradiaga por ser el actor intelectual del asesinato contra el reconocido comunicador, aunque dijeron que “pensándolo bien, mejor que esté allá porque aquí ya hubiese salido o fugado de la cárcel”.

La historia de Barrow es solo una de las muchas que ilustran la peligrosa realidad que enfrentan los periodistas en Honduras. En este Día del Periodista, es esencial recordar no solo a quienes han sido asesinados, sino también la deuda de justicia que el Estado tiene con ellos y con la sociedad.