La empresa Gas del Caribe —que opera en el municipio de Omoa, Cortés, desde 1986— está en proceso de renovación de su licencia ambiental, un trámite establecido cada cinco o 10 años.
Esta empresa, miembro de la transnacional mexicana grupo Tomza, tiene en Omoa cuatro esferas semirefrigeradas y 32 tanques horizontales con una capacidad máxima de almacenamiento de 8,113,600 galones de gas licuado.
En torno a esa renovación ha surgido una polémica. El regidor de la municipalidad de Omoa y presidente de la comisión de ambiente, Júnior Madrid, denunció que la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) realizó inspecciones en la planta de Gas del Caribe sin informar ni convocar a la corporación municipal, pese a que esta es la máxima autoridad en el municipio.
Madrid relató que el pasado martes 23 de septiembre, al dirigirse hacia la playa, se encontró con un vehículo oficial y decidió seguirlo.
“Mi sorpresa fue que los funcionarios de la Serna estaban entrando a la planta de Gas del Caribe. Yo llamé al director de la Unidad Ambiental de la Municipalidad para preguntarle si sabía de la inspecció, pero también lo desconocía, lo que evidencia que están actuando a espaldas de la corporación municipal”, señaló.
El regidor hizo un cuestionamiento directo al ministro de Ambiente, Lucky Medina. “Quiero preguntarle de manera directa al ministro si él tiene conocimiento de que sus empleados están en la planta de Gas del Caribe haciendo inspecciones sin comunicar nada a la máxima autoridad del municipio. Eso es irregular”.
Riesgos y antecedentes
Madrid advirtió que el proceso en curso busca renovar la licencia ambiental de la planta gasera, catalogada como de categoría cinco en el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (Sineia).
“Hace apenas unas semanas vimos en los medios la explosión de una cisterna en México, de la misma empresa a la que pertenece Gas del Caribe en Omoa. Estamos hablando de algo muy serio”, recalcó.
El funcionario criticó que desde Tegucigalpa se tomen decisiones que, según él, responden a “problemas personales”, mientras que en Omoa la población queda expuesta a grandes riesgos ambientales y sociales.
Madrid dijo, que la aprobación de la nueva licencia ambiental "es el momento para negociar y mejorar la compensación social para el municipio de Omoa, ya que lo que reciben en la actualidad es mínimo frente a millonarias ganancias".
El regidor sacó cuentas de lo que retribuye la empresa al municipio en concepto de compensación social y pago de impuestos: L30,000 mensuales en donaciones para educación y salud (L360,000 al año); L15,000 adicionales para la cabecera municipal; L1,000,000 por permiso de operación; y alrededor de L1.8 millones en impuestos y otros tributos menores. En total, dijo, la cifra anual asciende a poco más de 100,000 dólares.
“Estamos hablando de cien mil dólares al año, cuando la empresa almacena 10.7 millones de galones de gas. Si calculamos el precio internacional de 1.25 a 1.50 dólares por galón, hablamos de ingresos de más de 13 millones de dólares. Es ofensivo que al municipio solo le dejen esa migaja”.
Madrid subrayó que la corporación municipal tiene una posición unánime: se requiere un replanteamiento de los beneficios que recibe Omoa frente a la magnitud de las operaciones de Gas del Caribe.
“Ya es tiempo de que no sigamos conformándonos con esas migajas. La municipalidad no puede seguir bailando esa cancioncita de aceptar una moto, un GPS o un escritorio como compensación industrial”, cuestionó.
Finalmente, el regidor pidió al ministro Lucky Medina que respete la institucionalidad local. “La Serna no puede actuar al margen de la ley ni a espaldas de la máxima autoridad del municipio. Esta postura, además de injusta, es ofensiva y una afrenta para el pueblo de Omoa”.
La Serna asegura que notificó vía correo electrónico
LA PRENSA consultó al respecto al ministro Lucky Medina, titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), quien lamentó que exista desinformación en torno a la denuncia de Madrid. Fue amplio al detallar cómo es el proceso al que se está sometiendo Gas del Caribe.
Expuso que la convocatoria para conformar el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (Sineia) para ese proyecto que menciona, se envió desde la Serna a la Municipalidad de Omoa el día lunes 11 de septiembre vía correo electrónico a unidadambiente.omoa@gmail.com.
En esa misma secuencia de correos, la Unidad Municipal Ambiental (UMA) contestó el 17 de septiembre que se daban como "notificados y entendidos".
También confirma, que en efecto, la inspección se desarrolló el martes 23 de septiembre con el acompañamiento de la Dirección de Evaluación y Control Ambiental (Deca / Serna), personal técnico de la Dirección de Marina Mercante, Benemérito Cuerpo de Bomberos, empresa desarrolladora del proyecto, entre otros.
"Nosotros como institución desconocemos las condiciones contractuales entre las empresas y las municipalidades en cada jurisdicción, eso es potestad de la ley de municipalidades y cada plan de arbitrios. La inspección en campo responde a solicitudes presentadas en Serna (aplica para denuncias por contaminación, proceso de licenciamiento, renovaciones, informes de cumplimiento de medidas ambientales, y otras que nos manda la ley)", afirmó Medina.
Aclaró que la realización de inspección en terreno no implica una aprobación o desaprobación del proyecto.
El reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental establece que habrá dictámenes y recomendaciones por cada una de las instituciones participantes, seguidamente pasará a dictamen legal, posteriormente a Secretaría General de Serna para elaborar una resolución, y finalmente en el Despacho Ministerial para impresión de la licencia operativa / funcional y su firma.
"Hemos luchado durante casi 4 años para eliminar las redes de corrupción público-privada que repartieron y concesionaron más de 22mil km² de territorio nacional y sus recursos naturales. Jamás vamos a retroceder", afirmó el ministro.
Marco legal aplicable a las renovaciones de licencias
Ley General del Ambiente (arts. 5, 24, 25, 30, 31, 35 y 39) establece que toda obra, proyecto o actividad que pueda causar deterioro ambiental necesita licencia ambiental. El Sineia regula el procedimiento, las categorías de proyectos y los requisitos técnicos.
La Licencia Ambiental de Funcionamiento tiene vigencia de 5 años y su renovación debe solicitarse con 4 meses de anticipación al vencimiento, según el Reglamento del SINEIA (La Gaceta, 14-sep-2015), arts. 47 y 48.
En cuanto al proceso de renovación de licencia ambiental, el solicitante debe llenar la solicitud formal a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna/MiAmbiente) y presentar una solicitud escrita antes del vencimiento de la licencia. La tabla de categorización vigente tiene cuatro (4) categorías: 1, 2, 3 y 4; las de muy alto riesgo/impacto están en Categoría 4.
Debe incluir la identificación del proyecto, localización y número de licencia otorgada. Además del Informe de cumplimiento ambiental (ICA o ICF), documento clave donde el solicitante demuestra que ha cumplido con las medidas de mitigación, planes de manejo ambiental y compromisos adquiridos en la licencia original. Incluye monitoreos de agua, aire, suelo, flora, fauna y reportes sociales. Además, una auditoría ambiental o supervisión oficial.
La Serna puede realizar inspecciones técnicas in situ para verificar el cumplimiento real. Si encuentra incumplimientos graves, puede negar la renovación o imponer sanciones.
La solicitud pasa por el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Se revisan los documentos, se evalúan riesgos actuales y se determina si el proyecto sigue siendo viable ambientalmente.
Por último, la Serna emite una resolución aprobando, condicionando o denegando la renovación. La resolución puede exigir nuevas medidas de compensación o mitigación si el contexto ambiental ha cambiado.
