La Gran Alianza por Omoa tuvo ayer en las afueras del Ministerio Público un plantón en el que expusieron con fotografías los supuestos daños causados por la empresa Gas del Caribe a la playa, costa y Laguna de Centeno en el municipio de Omoa.
Con la muestra fotográfica “Omoa Agoniza”, los miembros de la Gran Alianza por Omoa piden que el Ministerio Público investigue y actué emitiendo los requerimientos fiscales contra los culpables de dañar el medio ambiente en ese municipio costero.
“Estamos cansados de estar presentando decenas y decenas de denuncias que siempre encuentra la única vía de la profunda gaveta.
Esta vez estamos mostrándoles que sí hay daños y recordándoles que tienen la obligación institucional y constitucional de intervenir de oficio una vez que se den cuenta del daño”, expresó Massimo Parissi, representante de la Gran Alianza por Omoa,
El ambientalista dijo que a finales de 2010, el titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, Serna, Rigoberto Cuéllar, y el subsecretario, Jonathan Laínez, otorgaron licencias ambientales a la empresa Gas del Caribe.
Daños
Según lo dicho por Massimo Parissi, los perjuicios visibles en Omoa son el daño a la Laguna de Centeno y a los manglares. “Declararon que los daños ocasionados por las operaciones de la gasera eran leves y moderados; pero no han ha sido así.
Hoy -ayer- estamos testimoniando con fotos, es decir, con pruebas incontrovertibles que los defectos han sido realmente graves e irreversibles”, manifestó el ambientalista.
Mencionó además que los daños ocasionados en la playa han afectado a más de 50 familias que viven del turismo.
“Estos son los daños visibles, pero hay un perjuicio económico debido a que el turismo en Omoa este año no ha sido mayor del 15% si se compara con el de hace seis años”, aseveró.
Parissi agregó que el ministro y viceministro de la Serna les quisieron dar a los pobladores de Omoa un “confite de consuelo” al otorgar por un lado la licencia ambiental a Gas del Caribe y por otro multarla por tres daños: la erupción costera, la desaparición de la Laguna de Centeno y la playa municipal de Omoa.
“En el afán de complacer a la empresa y a fin de lavarse las manos con el gas se les olvidó que la Ley General del Ambiente en el artículo 87 -88 prevé que tienen también la obligación a través de la Procuraduría General de la República de intervenir procesalmente contra quien cometió estos delitos ambientales y que judicialmente la empresa sea condenada al final para devolver los bienes destruidos a su estado natural. Ellos no lo han hecho”, expresó Parissi.
