El presidente hondureño, Nasry 'Tito' Asfura, anunció este lunes la elaboración de una Ley de Transparencia y Anticorrupción en el país, y dejó abierta la posibilidad de instaurar una Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH).
"Estamos trabajando (...) una Ley Anticorrupción y Transparencia que vamos a mostrar a todo el pueblo hondureño", dijo Asfura a periodistas tras inaugurar el año escolar en el sector público en Honduras, en el que se espera la matrícula de 1.7 millones de niños y jóvenes.
El mandatario señaló que la iniciativa contará con el respaldo de la Procuraduría General de la República (PGR) y organizaciones de la sociedad civil como el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo hondureño de Transparencia Internacional (TI).
Asfura se comprometió, además, a "hacer lo mejor por Honduras" y reiteró su promesa de realizar una Administración "con transparencia" que traduzca la honestidad en bienestar directo para la población.
Pese al impulso de leyes nacionales, el gobernante no descartó la instauración de una Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), una promesa que ya había formulado en agosto de 2025 ante el CNA.
Asfura instó a buscar "las condiciones, los métodos y los medios" para materializar este organismo, aunque matizó que el marco legal debe ir acompañado de un cambio ético en la ciudadanía.
"Al final no son las leyes, al final es la actuación de cada uno de nosotros, los hondureños, que debemos hacer lo mejor por Honduras", sentenció.
La eventual instalación de la CICIH fue una promesa de campaña de la expresidenta Xiomara Castro, quien concluyó su mandato de cuatro años el pasado 27 de enero.
Pese a los cuatro años de gestión y a las sucesivas rondas de negociación con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el mecanismo anticorrupción no logró materializarse.
El proceso se vio obstaculizado, en parte, por la negativa del Parlamento hondureño a aprobar las reformas al Código Procesal Penal exigidas por el organismo internacional, entre ellas la revisión de la inmunidad parlamentaria.
