Tegucigalpa, Honduras. Las intensas jornadas de diálogo instaladas por el Consejo Nacional y las instituciones del Ejecutivo con los diversos sectores del transporte y la empresa privada concluyeron este miércoles sin un acuerdo definitivo, dejando el destino de las propuestas en manos de mesas técnicas especializadas.
Las reuniones, que congregaron desde tempranas horas a dirigentes del transporte de carga, urbano, interurbano y taxistas, sirvieron para exponer la precariedad económica que enfrentan los motoristas debido a las constantes alzas históricas en los derivados del petróleo en el mercado internacional.
Ante este panorama, las autoridades legislativas señalaron que el proceso de análisis continuará mediante esquemas estrictamente técnicos para valorar el impacto fiscal y determinar soluciones viables que no desequilibren las finanzas públicas del Estado central.
”La verdad que esta mesa no es una mesa política, es una mesa técnica para tratar los problemas tal como deben de ser, para buscar las mejores soluciones o las mejores alternativas para que podamos brindarle mayores facilidades a la Secretaría de Finanzas, Secretaría de Energía en cuanto a este caso difícil que tenemos con los combustibles”, expresó Erick Alvarado, presidente de la Comisión de Minería e Hidrocarburos.
El diputado añadió que el gobierno ha destinado recursos significativos mediante subsidios para amortiguar el costo en bomba, reconociendo que los incrementos reflejan una problemática global que escapa del control de la administración nacional actual. Por parte de la autoridad reguladora del rubro, la representación del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) enfatizó que las mesas de trabajo continuarán desarrollándose de forma permanente en las instalaciones de la Secretaría de Energía de Hidrocarburos.
Ana Valenzuela, comisionada del IHTT, detalló que el propósito central de los encuentros es analizar a profundidad la metodología de cálculo y el valor real que compone la estructura del precio en bomba.
Asimismo, la funcionaria remarcó que existe un compromiso gubernamental por resguardar la estabilidad de los pasajes que paga el usuario final del transporte público.
La entidad estatal busca que cualquier esquema de alivio concertado proteja el presupuesto de los ciudadanos y evite ajustes en el cobro de las diferentes rutas urbanas e interurbanas del país.
“Lo importante de esto es que, en las diferentes modalidades del transporte, la petición primordial es el valor del combustible, recalcándole siempre que el 70% es subsidiado y autorizado por el presidente Nasry Asfura, donde este es un gran apoyo que se les está dando directamente al bolsillo tanto a los inversionistas o dueños del transporte”, afirmó Valenzuela.
La titular del IHTT puntualizó que estas sesiones técnicas permitirán revisar transparentemente las fórmulas y los componentes que definen el costo final de las gasolinas y el diésel, trabajando de la mano con la Dirección de Hidrocarburos para presentar opciones factibles entre el Estado y los concesionarios.
Molestia
A pesar de los planteamientos gubernamentales, el descontento en las bases del transporte de pasajeros se hizo evidente tras la falta de una respuesta inmediata a sus demandas de compensación económica directa o congelamientos tributarios.
”Mire, nosotros somos responsables y somos una organización seria, vamos a convocar a nuestras bases, a los dirigentes, a los presidentes de todas las filiales y seccionales a nivel nacional, ellos van a tomar la decisión porque la mayoría están molestos en Tegucigalpa y en todas las ciudades de Honduras”, indicó Luis Martínez, presidente de la Asociación de Taxistas de Honduras (Ataxish).
El dirigente de taxis recalcó que la escalada continua de precios ha vuelto insostenible la operación diaria para miles de taxistas, por lo que las dirigencias locales evaluarían medidas de presión en caso de no obtener respuestas favorables en las próximas horas.
En la misma línea de disconformidad se manifestó la representación de la carga pesada, cuyos delegados expresaron su frustración ante la falta de consenso inmediato sobre sus propuestas presentadas en el hemiciclo legislativo.
”Que se revise la fórmula de los combustibles. La fórmula es que dice cuánto le reconoce el Estado por traerlo, cuánto cobra por venderlo, todo esa cuestión. Son 27 ítems. Entonces, cuando miramos que eso no ha pasado, que nosotros lo propusimos, entonces, ¿para qué me llamas? Entonces déjame en mi casa tranquilo, yo vengo desde San Pedro”, manifestó Edgardo Menéndez, representante del transporte de carga.
El dirigente reprochó que no se priorizara la fiscalización de los rubros constitutivos de la estructura de precios ni la verificación de la calidad de los hidrocarburos importados que ingresan a los puestos de distribución del país.
Fondos públicos
Desde la perspectiva fiscal y presupuestaria, el titular de la Secretaría de Finanzas, Emilio Hércules, fue enfático en señalar que cualquier exención fiscal o alivio extraordinario debe evaluarse bajo la Ley de Responsabilidad Fiscal.
El ministro subrayó que la gestión de las finanzas públicas demanda actuar con prudencia administrativa y apego riguroso al presupuesto general aprobado para el ejercicio fiscal 2026.
El titular de Finanzas del Estado aclaró que la propuesta concreta llevada al Congreso Nacional estuvo orientada al costo del flete aduanero.
Ante esa solicitud, el ente presupuestario asumió el compromiso de realizar las evaluaciones técnicas pertinentes para dictaminar si el Estado cuenta con el espacio fiscal necesario para absorber o readecuar dicho impacto.
“En materia económica, nada es gratis, todo conlleva un costo y tenemos que ser muy cuidadosos con los recursos del pueblo hondureño y tenemos que ser muy cuidadosos también de que sigamos actuando como lo hemos hecho hasta este momento bajo lo que nos indica la Ley Orgánica del Presupuesto y la Ley de Responsabilidad Fiscal”, apuntó Hércules.
El funcionario recalcó que para aprobar cualquier medida económica o financiamiento extraordinario se requiere identificar previamente con claridad la fuente de ingresos, ya sea proveniente del Tesoro Nacional, financiamiento internacional o banca nacional, garantizando que no se desamparen otras partidas prioritarias de la administración pública.
