Empleados del programa gubernamental Casa a Casa protestaron este miércoles frente a la Secretaría de Salud, debido a la falta de pago por los servicios prestados, ya que el Gobierno mantiene una deuda de tres meses con la empresa encargada de la entrega de medicamentos a domicilio.
El proyecto inició en 2025 como una prueba piloto, con el objetivo de facilitar la entrega de medicamentos a adultos mayores en el área urbana de la capital. La iniciativa fue impulsada durante la administración de Xiomara Castro, presidenta saliente, como una medida para mejorar el acceso a tratamientos de pacientes crónicos y descongestionar los centros asistenciales.
Sin embargo, los trabajadores denunciaron que, pese a haber cumplido con el servicio, no han recibido el pago correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre, lo que representa una deuda cercana a los dos millones de lempiras. Según los manifestantes, esta situación ha generado graves afectaciones económicas para ellos y sus familias.
El proyecto finalizó el 31 de diciembre de 2025 y, a casi un mes de su conclusión, los transportistas aún no han recibido su respectivo pago.
“Nosotros no pertenecemos a ningún partido político, porque somos una empresa privada. Exigimos que nos paguen nuestro dinero de octubre, noviembre y diciembre, ya que nosotros sí brindamos el servicio”, expresó el portavoz de la empresa privada de entregas, durante la protesta, a medios de comunicación.
Los trabajadores señalaron que la falta de claridad sobre qué institución es responsable del pago ha generado desorganización e incertidumbre, debido a que ninguna dependencia ofrece una respuesta concreta sobre quién debe asumir la deuda.
Indicaron que el único centro hospitalario que ha cumplido parcialmente con los pagos es el Hospital Psiquiátrico Santa Rosita, mientras que el resto de las instituciones involucradas, como el Hospital San Felipe y el Hospital Escuela, no han respondido a sus compromisos financieros con la empresa.
Las protestas continuarán, advirtieron los manifestantes, al considerar injusto que un proyecto impulsado por el Estado no garantice el pago a quienes ejecutaron el servicio.
Hasta el momento, la Secretaría de Salud no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la situación denunciada por los empleados.
