Con votación a mano alzada, que se contabilizó como respaldo favorable de los diputados, la noche de este lunes fueron nombradas las nuevas autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR).
El abogado Dagoberto Aspra fungirá como titular de este órgano encargado de la defensa y representación legal del Estado hasta el 2 de febrero de 2030, mientras que Francisco Quiroz fue designado como subprocurador. Quiroz es abogado y exmiembro del disuelto Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial.
Los nuevos funcionarios rindieron promesa de ley ante directivos del Congreso Nacional, quedando en posesión de sus cargos para desempeñar funciones durante el próximo cuatrienio.
La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) instó al Poder Legislativo a que, en la referida institución, se seleccionara a personas con “la más alta idoneidad profesional, solvencia moral, independencia y credibilidad ante la ciudadanía”.
Irregularidades
En medio de señalamientos de irregularidades y sin cumplir con los requisitos de ley, el Congreso Nacional, presidido entonces por Luis Redondo, eligió a Manuel Díaz Galeas como procurador general y a Tomás Andrade Rodas como subprocurador.
Mediante el decreto legislativo 70-2018 fue designada Lidia Estela Cardona como máxima autoridad de la PGR para el período comprendido entre el 29 de junio de 2018 y el 29 de junio de 2022. No obstante, fue removida del cargo de forma extemporánea, contraviniendo el tiempo de funciones establecido en el artículo 229 de la Constitución de la República.
Esta acción no solo fue condenada por la oposición política de ese momento, sino también por diversos sectores, entre ellos la empresa privada. Al cierre de su administración, Díaz Galeas emitió un comunicado en el que destacó logros y avances alcanzados durante su gestión.
“La defensa coordinada por la PGR junto con sus equipos nacionales e internacionales ha generado resultados claramente satisfactorios: tres procedimientos ya han sido desistidos por los propios inversionistas; el pasivo contingente se ha reducido en un 54%, hasta situarse en 8,361 millones de dólares; y el Estado cuenta actualmente con estrategias de defensa consolidadas orientadas a demostrar la falta de mérito de las demás demandas que continúan en trámite”, subraya el comunicado.
