Juicio a Zelaya abre debate: expertos señalan politización y necesidad de un precedente

El suspendido fiscal general, Johel Zelaya, compareció por primera vez ante el Congreso Nacional en el marco del juicio político en su contra, rechazando las acusaciones y defendiendo su actuación como apegada a la ley.

Sin embargo, el proceso llega en medio de un consenso crítico entre expertos consultados, quienes coinciden en tres puntos clave: el Ministerio Público habría sido utilizado con fines políticos, la gestión del fiscal debilitó la confianza ciudadana y el juicio político debe trascender el caso individual para convertirse en un precedente que marque límites claros al ejercicio del poder público en Honduras.

"El papel que jugó el fiscal general en torno al proceso electoral creemos que se alejó significativamente del rol que a él le corresponde constitucionalmente y tuvo cierto grado de inclinación a nuestro criterio hacia un fin que perseguía el oficialismo, un fin político.

Él instrumentalizó su función, la institucionalidad del Ministerio Público para llevar a cabo acciones que tenían como objeto generar una orientación de tipo político.

El juicio político además de sentar un precedente, aparte de dejar en claro que el peso de la ley es más que el peso de la influencia política, también debe generar un efecto de saneamiento a la función pública y establecer de que el funcionario está para rendirse al imperio de la ley y no para instrumentalizarla. Esto es un mensaje para la clases política del país", afirmó el analista César Espinal.

Por cómo se desarrolló el proceso electoral pasado y las consecuencias que se desprendieron producto de las inobservancia que tuvo el fiscal, estamos e acuerdo con el juicio político. La fiscalía se dejó instrumentalizar.

Obviamente fue una fiscalía que no actuó con la objetividad y la imparcialidad y sobre todo en esa defensa de los intereses de la sociedad hondureña como lo establece la ley del Ministerio Público y que debe de pasarle factura, pero para dejar un no por venganza, sino para dejar un tema vinculado directamente a un precedente que le cale a cualquier otro funcionario.

El juicio político se debe utilizar como una herramienta que fortalezca la institucionalidad y no como una herramienta que se quite un actor y se coloque a otros que sea a fin al partido de gobierno, expuso Juan Carlos Aguilar.

"Perdió la confianza de la población. Johel Zelaya pudo ser un fiscal diferente, pero resultó uno más. Quedó a deber muchas cosas, creo que se merecía la destitución.

Ni siquiera fue capaz de investigar a los responsables del golpe de Estado de 2009. El hombre llegó para estar ahí nada más, no sirvió de instrumento de nadie, simplemente estaba ahí y lo único que hizo, que lo vamos a recordar por eso, fue destituir a Luis Javier Santos, una gran vergüenza histórica.

No pudo procesar a los responsables de los que destituyeron a los magistrados en 2012, así como los que aprobaron las Zonas Especiales de Desarrollo (ZEDEs), y los responsables de la reelección presidencial de Juan Orlando Hernández y los que apoyaron los pactos de impunidad en el Congreso", afirmó el exfiscal general Edmundo Orellana.

"Este solo es el inicio de lo que se viene, posiblemente podamos ver que puedan entrar los demás consejeros del Consejo Nacional Electoral como Marlon Ochoa, el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral y sus suplentes.

Todos vieron las actuaciones irresponsables que atentaron contra la democracia y eso no puede quedar impune, no se puede abrazar con los brazos de la impunidad este accionar de los funcionarios públicos. Pero se hace más para dejar un precedente en la vida democratica y que los funcionarios presentes y futuros no abusen de la ley a conveniencia de una ideología, de un partido político o una familia.

El juicio político es una herramienta que esta constitucionalmente establecida y eso se ha llevado varias veces", María Antonieta Mejía, designada presidencial.