Tegucigalpa, Honduras. El Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dejó temporalmente sin efecto la orden de captura contra Juan Ramón Molina Rodríguez, exdirector del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional.
La disposición fue comunicada a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), luego de que, durante una audiencia ad hoc celebrada el pasado 3 de noviembre, el órgano jurisdiccional ordenara emitir una contraorden de captura para facilitar la comparecencia del imputado ante las autoridades judiciales y su incorporación al proceso penal que se sigue en su contra.
Molina Rodríguez enfrenta acusaciones por los presuntos delitos de abuso de autoridad, fraude y lavado de activos, en perjuicio de la Administración Pública y el orden socioeconómico. La orden de captura original fue emitida el 16 de agosto de 2025, de acuerdo con el documento judicial.
Los documentos oficiales apuntan a que la suspensión tiene carácter estrictamente temporal y establece un plazo de cinco días hábiles, computados únicamente en días laborables.
Según el plazo señalado en la resolución, este martes 10 de noviembre vence el período concedido por la autoridad judicial.
Antecedentes del caso
Como parte de los antecedentes judiciales, una resolución fechada el 4 de diciembre de 2025, atribuida a la jueza Melissa Damián, estableció para Molina Rodríguez una condena de 30 meses de prisión, bajo una modalidad mixta que combina internamiento y confinamiento residencial.
De acuerdo con los registros judiciales, la pena contemplaba 13 meses de internamiento en una institución federal y los 17 meses restantes bajo arresto domiciliario, como parte de las condiciones de libertad supervisada.
El cumplimiento de la condena estaba previsto a partir de una orden de presentación ante las autoridades, fijada para el 2 de febrero de 2026. Entre las condiciones impuestas figuraban la prohibición de cometer nuevos delitos y la obligación de mantener un empleo lícito.
