Florida, Estados Unidos
Este miércoles se desarrollará el segundo día de juicio contra Carl Al Zaglin, empresario estadounidense y exdirector ejecutivo de la empresa Atlanco, acusado por corrupción y lavado de activos vinculados a funcionarios e instituciones públicas hondureñas.
El juicio avanza con una carga probatoria que trasciende los documentos y registros financieros; en él se presentarán 17 testigos que han sido convocados por la Fiscalía estadounidense y podrían ser decisivos en el veredicto de corrupción y lavado de activos.
De acuerdo con la fiscalía estadounidense, Zaglin diseñó un esquema de sobornos a funcionarios hondureños para apoderarse de más de 10 millones de dólares en contratos con el fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional.
Entre los más relevantes figura Luis Berkman, exvicepresidente de ventas internacionales de Atlanco, condenado en un proceso previo y ahora colaborador del gobierno estadounidense.
Su testimonio será complementado por Scott Haygood, exdirector financiero de la empresa, quien en su momento alertó sobre pagos irregulares canalizados hacia intermediarios.
La Fiscalía también cuenta con la declaración de Bryan Berkman, hijo de Luis y antiguo empleado de Atlanco y TPG, que confirmará cómo los sobornos se discutían y gestionaban como parte de la estrategia comercial.
El papel central recaerá en Aldo Néstor Marchena, identificado como lavador profesional. Tras ser extraditado desde Colombia, se le señala como responsable de movilizar más de dos millones de dólares en sobornos, enviados desde cuentas en Florida a funcionarios hondureños.
A la lista se suman Francisco Cosenza, exdirector ejecutivo de la Tasa de Seguridad Poblacional, y Juan Ramón Molina, exdirector titular, ambos extraditados desde Honduras y que admitieron haber recibido sobornos para adjudicar contratos millonarios a Atlanco.
Otro testimonio clave será el de Gabriela Salgado, exempleada de la Tasa de Seguridad y exfuncionaria de la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, quien detallará la creación y funcionamiento de la Tasa de Seguridad Poblacional.
Su aporte no se centra en pagos ilícitos, sino en explicar por qué sus directivos son considerados funcionarios extranjeros bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), pieza esencial del caso.
A ellos se sumarán siete testigos más, entre agentes de Homeland Security, especialistas digitales y contadores forenses, encargados de validar la evidencia técnica: correos electrónicos, audios interceptados, registros de viajes y movimientos financieros.
En este grupo destaca Michael Petron, contador forense, quien presentará esquemas del recorrido del dinero desde Atlanco hasta los funcionarios beneficiados. También participará David Keyes junto a otros agentes, quienes autenticarán documentos obtenidos a través de cooperación legal internacional.
Con este conjunto de testimonios y pruebas técnicas, la Fiscalía busca consolidar su acusación y exponer el alcance de la red de corrupción vinculada a instituciones hondureñas.
Según los documentos judiciales, entre marzo de 2015 y noviembre de 2019, Zaglin, Aldo Néstor Marchena, residente en Boca Ratón, Florida, y otros sospechosos bajo investigación acordaron sobornar a varios funcionarios del gobierno hondureño, incluido Cosenza, para obtener contratos con la Tasa de Seguridad por más de 10 millones de dólares.
