Una sala federal del sur de Florida llevará a cabo este martes la audiencia contra Carl Alan Zaglin, empresario estadounidense, vinculado al escándalo de corrupción en instituciones públicas hondureñas.
De acuerdo con la fiscalía estadounidense, Zaglin diseñó un esquema de sobornos a funcionarios hondureños para apoderarse de más de 10 millones de dólares en contratos con el fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional.
Asimismo, la fiscalía solicitó una condena de 30 años para Roberto Cosenza, exdirector de la Tasa de Seguridad, quien se declaró culpable el pasado 13 de agosto por los delitos vinculados al escándalo de corrupción, entre ellos lavado de activos y soborno.
Cosenza fue extraditado el 4 de abril de 2024 y enfrenta cargos por conspiración para cometer lavado de activos y participación en transacciones con bienes derivados de actividades criminales.
Según los documentos judiciales, entre marzo de 2015 y noviembre de 2019, Zaglin, Aldo Néstor Marchena, residente en Boca Ratón, Florida, y otros sospechosos bajo investigación acordaron sobornar a funcionarios del gobierno hondureño, incluido Cosenza, para obtener contratos con la Tasa de Seguridad por más de 10 millones de dólares.
Cosenza es acusado junto a Zaglin y Marchena de cinco cargos relacionados con la conformación de una red para pagar y ocultar sobornos, con el fin de asegurar contratos para suministrar uniformes a la Policía Nacional.
De acuerdo con el expediente, Zaglin, de 70 años, es dueño de una empresa de fabricación de uniformes y accesorios para fuerzas públicas con sede en Georgia, y compareció ante el tribunal federal el miércoles.
Francisco Roberto Cosenza Centeno, de 67 años, fue director ejecutivo del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional (Tasa), organismo encargado de adquirir suministros para la Policía Nacional de Honduras.
En tanto, Aldo Marchena, de 50 años, residía en Boca Ratón, Florida. Los tres acusados, junto a otros implicados, presuntamente lavaron las ganancias ilícitas mediante cuentas bancarias y empresas testaferro en Estados Unidos y Belice.
La acusación formal señala que los conspiradores enviaron más de 166,000 dólares a cuentas bancarias controladas por Cosenza y otro funcionario hondureño.
Todos enfrentan cargos por conspiración para cometer lavado de activos.
