Un violento desalojo ejecutaron la tarde de ayer miembros de la Policía Nacional y del Ejército en contra de varias familias garífunas que tenían ocupadas unas 30 manzanas de tierra en la comunidad de Punta Gorda, municipio de Santos Guardiola, Islas de la Bahía.
12 de abril ce 1997
Fue fundada la aldea Punta Gorda con la llegada a Honduras de los garífunas siendo la primera comunidad negra en Centroamérica.
Según se conoció los predios pertenecen a la familia Norman, la que presentó documentos oficiales en los tribunales de Roatán. Mientras que los pobladores aseguran que dichas tierras les pertenecen desde tiempo de sus ancestros y que solo las están recuperando.
La Policía, fiscales del Ministerio y el juez ejecutor, quienes llevaban una orden de desalojo, les dieron una hora para que abandonaran el campamento; sin embargo, los ocupantes no atendieron el llamado y se inició el desalojo violento dejando varias personas detenidas, quienes serán acusadas en los tribunales por usurpación de tierras.
La acción dejó a seis personas detenidas, entre ellas a Meliza Martínez, coordinadora de la Organización Fraternal Negra hondureña (Ofraneh) en Punta Gorda.
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“Tenemos la ley que nos avala y los convenios de la Organización Internacional de Trabajo. Estamos en una lucha y le enviamos un mensaje a la presidenta Xiomara Castro que vea cómo vino la Policía y los militares a agredir a las mujeres embarazadas y varios compañeros que han sido golpeados”, aseguró Meliza Martínez, minutos antes de ser detenida por la Policía.
“Se les dijo que salieran de manera pacífica y no quisieron. Entonces se usó una mínima fuerza para desalojarlos. La propiedad ya fue recuperada y puesta a disposición de la familia que es propietaria”, dijo Samuel Ortega, apoderado legal de la familia Norman.
Recuperación
La comunidad garífuna de Punta Gorda hizo público un comunicado mediante la Ofraneh, en el que se dieron a conocer que han iniciado un proceso de recuperación de tierras que por más de 200 años les han pertenecido.
“Estamos recuperando lo nuestro y no invadiendo, lo que siempre fue nuestro y lo que nunca debió ser apropiado indebidamente por terceros de mala fe. El hecho que paguen impuestos por nuestro territorio no los hacen propietarios, por el contrario, ellos (terceros) y las autoridades que se prestaron a la usurpación han incurrido en responsabilidades por violatoria a los derechos de la propiedad colectiva y la autonomía de nuestro pueblo”, dice parte del documento.
