El Gobierno de Honduras lleva dos años emitiendo permisos en papel ante la falta de placas vehiculares, y todo indica que la problemática persistirá, ya que hasta la fecha no se ha adjudicado la compra a ninguna empresa.
Según el portal de transparencia de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (Oncae), la convocatoria para participar en la licitación pública internacional inició el 19 de enero de 2025.
El cronograma establecía que la evaluación de ofertas se realizaría el 1 de marzo, la notificación a los oferentes el 16 de marzo y la firma del contrato el 31 del mismo mes. No obstante, el proceso aún se encuentra en fase de evaluación.
El monto estimado para la adquisición de cerca de un millón de placas es de 156 millones de lempiras, con fondos del Estado.
A inicios de este año, la Comisión Interventora del Instituto de la Propiedad (IP) informó que 18 empresas nacionales e internacionales mostraron interés en participar en el proceso. De ellas, tres presentaron formalmente sus ofertas: Suministros Técnicos S.A. de C.V., Comunicaciones Globales y el Consorcio GS Consortium.
La comisión explicó que el siguiente paso sería la evaluación técnica, financiera y legal de las propuestas, conforme a los criterios del pliego de condiciones, con el fin de seleccionar la mejor opción para el Estado y los ciudadanos.
“Nos proponemos que la ciudadanía tendrá la disponibilidad de sus respectivas placas vehiculares durante julio de 2025”, afirmó la Comisión Interventora en un comunicado.
Sin embargo, al ser consultado el IP por LA PRENSA sobre el avance del proceso de licitación y adjudicación, se limitó a informar que el proceso “aún se encuentra en etapa de evaluación”, es decir, no se ha seleccionado a la empresa proveedora que cubriría tanto la mora de dos años como la demanda prevista para 2026.
Mora supera las 526,000 placas
A mediados de 2023, el IP se quedó sin placas para vehículos particulares y comenzó a emitir permisos temporales. Un año después ocurrió lo mismo con las motocicletas. Actualmente, hay más de 526,830 permisos en papel emitidos: 237,967 para automóviles y 288,863 para motos.
Los usuarios pueden generar su permiso provisional en el sitio web www.ip.gob.hn, sin necesidad de presentarse en oficinas. Este documento ahora tiene una vigencia de 90 días (antes era de 30).
Según datos del IP, se han emitido 647,010 permisos en San Pedro Sula y 98,721 en el Distrito Central.
Ante la falta de placas, muchos ciudadanos han optado por mandar a fabricar placas metálicas con el número asignado por el IP, lo que implica un costo adicional de 500 lempiras, el mismo valor que se paga por la placa oficial.
Inseguridad y falta de control
Erick Hernández, presidente de la Asociación de Importadores de Vehículos, desconoce el estado actual del proceso de licitación, ya que las autoridades no se han pronunciado. Aunque reconoció que los clientes ya se han acostumbrado a comprar vehículos importados con permisos temporales.
Hernández sí alertó que la falta de identificación vehicular ha tenido un impacto en la seguridad ciudadana.
Por su parte, el IP indicó en un comunicado que sí cuenta con placas disponibles para unidades de transporte público (taxis, buses, remolques, carga pesada y especial), así como para vehículos del Gobierno y cuerpo diplomático.
Elio Muñoz, dirigente del sector taxis, expresó que, aunque ellos no han tenido problemas para obtener placas, hay miles de automóviles y motocicletas circulando sin identificación. Esta situación advirtió, “deja en vulnerabilidad a la ciudadanía ante la ola de delincuencia”.
Llamado a resolver el retraso
A pocos meses de que finalice la gestión de la presidenta Xiomara Castro, ciudadanos y sectores organizados exigen que el problema se resuelva antes del cambio de gobierno. También piden que la compra de placas sea suficiente para evitar otro desabastecimiento.
“Esta es responsabilidad del Gobierno que no ha hecho la licitación, no tiene que pasar por el Congreso. Es una negligencia tener tanto tiempo así, es un tema delicado, de seguridad nacional”, aseveró el diputado Carlos Umaña.
Umaña hizo un llamado a la Comisión Interventora del IP: “Que avancen, pero que no sea una compra directa”.
