Tegucigalpa, Honduras. La Procuraduría General de la República (PGR) proyecta cerrar 2026 con una reducción significativa en los recursos destinados a contratar firmas jurídicas extranjeras para defender los intereses de Honduras en tribunales y procesos arbitrales internacionales.
Las cifras reflejan que el presupuesto destinado a estos servicios pasó de 4.21 millones de dólares en 2025, último año de la administración anterior, a 1.336 millones de dólares proyectados para el presente ejercicio fiscal, lo que representa una disminución del 68.27%, equivalente a 2.874 millones de dólares.
Los registros indican que entre 2023 y 2026 el Estado hondureño ha destinado 8,149,738.55 dólares al pago de honorarios de bufetes extranjeros. Del total, el 83.61% corresponde al período de la administración anterior y el 16.39% a la actual gestión del procurador general, Dagoberto Aspra.
En el desglose anual, la PGR reportó pagos por 633,738.55 dólares en 2023, 1.97 millones de dólares en 2024 y 4.21 millones de dólares en 2025. Para el presente año, la cifra proyectada es de 1.336 millones de dólares.
Uno de los cambios en la contratación de servicios legales se relaciona con el arbitraje promovido por Próspera ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), cuya reclamación asciende a 1,630 millones de dólares.
En 2025, la representación de Honduras en ese proceso estaba a cargo de dos firmas: Foley Hoag, con honorarios anuales de 600,000 dólares, y Jana & Gil Abogados, con 240,000 dólares. Para 2026, la PGR concentró la defensa en Jana & Gil mediante un contrato de 150,000 dólares anuales.
La modificación eliminó la contratación simultánea de Foley Hoag para ese expediente. Este ajuste forma parte de los cambios aplicados a los contratos de representación internacional durante el actual ejercicio fiscal.
En el caso de Foley Hoag, la asignación anual pasó de 2.12 millones de dólares en 2025, incluido un pago único de 310,000 dólares por el caso Farmer, a 542,000 dólares en 2026. La variación equivale a una reducción del 74.43%.
Los contratos vinculados con los expedientes de Eléctricas de Medellín e Inversiones y Desarrollos Energéticos también registraron disminuciones del 16.67% y 62.50%, respectivamente.
Por su parte, Jana & Gil Abogados pasó de una asignación de 1.44 millones de dólares en 2025 a 794,000 dólares en 2026, lo que representa una reducción del 44.86%, según los registros analizados.
La revisión de los contratos también comprende los arbitrajes EMCO Holding Inc. y Overseas Real Estate LLP, incorporados a la cartera de litigios. En el primero, el contrato anual pasó de 105,000 a 110,000 dólares, debido a que el acuerdo de 2025 cubrió únicamente seis meses. Sin embargo, la tarifa mensual disminuyó de 17,500 a 9,166.67 dólares, una rebaja del 47.62%.
En el expediente de Overseas Real Estate LLP, los datos reflejan una reducción del 54.29% en la tarifa mensual. Además, durante la actual administración, Honduras obtuvo un resultado favorable en el arbitraje JLL Capital ante el CIADI, proceso en el que también se reportó una disminución del 54.29% en los honorarios.
Valoraciones
El abogado y analista político Lester Ramírez se refirió a los cambios en los pagos a las firmas internacionales y consideró que la renegociación de los contratos refleja una mayor capacidad de gestión dentro de la Procuraduría.
"Esto manda un mensaje de que hay capacidad en la PGR; me alegra por el trabajo que está haciendo el abogado Dagoberto Aspra", manifestó Ramírez.
El analista señaló que la revisión de los honorarios y los resultados obtenidos en los procesos internacionales son aspectos relevantes en la defensa de los intereses económicos del Estado hondureño.
"Eso es muy positivo y quiere decir que hay algo que está pasando para bien en la Procuraduría, que hay lecciones aprendidas, hay capacidad para representar al país", expresó.
Ramírez también sostuvo que los resultados favorables en los litigios contribuyen a proyectar una imagen de capacidad institucional en la defensa jurídica de Honduras.
"El efecto que produce es que genera una imagen de que hay capacidad en la Procuraduría y eso también demuestra que el Estado como tal está cuidando bien sus intereses", agregó.
Sin embargo, el abogado advirtió que el Estado enfrenta otras presiones económicas derivadas de procesos judiciales, particularmente demandas laborales relacionadas con separaciones de personal durante los cambios de administración gubernamental.
