Menos de la mitad de los adolescentes de Honduras y Guatemala logran completar la educación secundaria y apenas un 60 % lo consiguen en El Salvador, según un informe presentado este lunes en Madrid por la Coalición Española de la Campaña Mundial por la Educación (CME).
El trabajo, titulado “Educación negada, futuros truncados: adolescencias en movilidad ante la emergencia educativa en Centroamérica”, advierte de la grave crisis educativa que afecta a adolescentes en movilidad en El Salvador, Guatemala y Honduras.
También denuncia que la combinación de violencia, pobreza, desplazamiento forzado y debilidad institucional está dejando a miles de jóvenes fuera del sistema educativo, “lo que perpetúa ciclos de pobreza” por la limitación del acceso al empleo y la participación social.
La situación se vuelve todavía más complicada cuando se trata de niñas y adolescentes.
Es importante tener una perspectiva interseccional, recalca el informe, para abordar las necesidades específicas de niñas y adolescentes que enfrentan riesgos específicos, como violencia sexual, embarazo temprano o responsabilidades de cuidado, que incrementan la probabilidad de abandono escolar.
“No es lo mismo ser adolescente que adolescente mujer, indígena, retornada... todo son capas que suman vulnerabilidad y limitan su acceso a la educación”, afirma el estudio, pues según los datos recogidos, el 20 % de las mujeres que migran en esa región son niñas o adolescentes y más de la mitad lo hacen por factores de protección.
Ante esta situación, la CME propone cambios para renovar los modelos de gobernanza, coordinación y financiación para superar las barreras tradicionales entre actores humanitarios, sectores estatales, sociedad civil y comunidades.
También indica la necesidad del financiamiento multianual, la participación activa de los propios adolescentes y sus familias e integrar un sistema de indicadores de protección, desarrollo y paz en todo el proceso de planificación educativa.
“Las historias detrás de los números son diversas: adolescentes que huyen de la violencia, jóvenes que retornan tras ser deportados, niñas y niños indígenas atravesando fronteras en busca de protección...”, afirma el documento.
Aproximadamente el 14 % de las personas que participan en los flujos migratorios de la región son niños, niñas y adolescentes, muchos de los cuales sufren interrupciones prolongadas en su escolarización, explica.
Por ejemplo, en Honduras, advierte el informe, más de 846.000 menores estaban fuera del sistema educativo en 2023, mientras que la cobertura de secundaria apenas alcanza al 24,9 % del alumnado.
Este informe busca dar luz”, pues no hay suficiente información: “No hay datos, no se sabe exactamente qué pasa en las aulas. En una misma clase tenemos personas que han retornado, que han migrado, refugiadas... El o la profesora no sabe las necesidades específicas de cada alumno”, asegura.
Por ello, garantizar el derecho a la educación de adolescentes en movilidad en El Salvador, Guatemala y Honduras “no es solo una prioridad regional de derechos humanos”, sino una condición “estratégica” para romper los ciclos de exclusión, violencia y desplazamiento, concluye. EFE
