El consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, intentó vetar al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) como observador en las recientes elecciones primarias.
La intención fue percibida por sectores críticos como un intento por instrumentalizar la institucionalidad electoral en defensa de la candidata de Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada.
En el oficio CV-CNE-153-2025, dirigido a la consejera presidenta del CNE, Cossette López, Ochoa acusó al CNA de emprender una campaña de calumnias y odio contra Moncada, y contra su investidura como funcionario.
El consejero solicitó que el pleno del CNE incluyera en una sesión un punto para debatir un pronunciamiento institucional que rechace las acciones del CNA y, además, se niegue cualquier solicitud para participar como observador electoral.
Según Ochoa, el 22 de enero -a las puertas de las elecciones primarias- el CNA presentó una denuncia pública contra él y Moncada ante el Ministerio Público, y un día después lanzó una campaña en redes sociales con las etiquetas “Denunciado” y “Denunciada”, acompañadas por imágenes de ambos y la acusación de malversación de caudales públicos.
Para el funcionario electoral, esta exposición viola el principio de presunción de inocencia, afecta su imagen y atenta contra la legitimidad del proceso.
“La exhibición de mi imagen como criminal condenado busca atacar de manera perversa mi investidura como consejero propietario del CNE”, afirmó en el documento.
Ochoa aseguró que en la campaña del CNA se utilizó la papeleta electoral oficial de la precandidata Moncada, hecho que —según su interpretación— vulnera el artículo 66 de la Ley Electoral, el cual prohíbe el uso indebido de material electoral con fines propagandísticos.
El documento menciona que la Secretaría de Finanzas desmintió las acusaciones mediante el comunicado DCI-05-2025 y que, posteriormente, el CNA retiró las publicaciones.
Además de pedir el veto del CNA, Ochoa propuso que el CNE designe una comisión investigadora para evaluar si las acciones de Gabriela Castellanos, directora del CNA, configuran violencia política, violencia de género o difamación agravada, delitos que podrían ser sancionados conforme a la Ley Electoral.
“El CNE no puede permitir que, bajo la fachada de una denuncia ciudadana, se ejecuten campañas de odio que busquen desprestigiar candidatos ya inscritos y autoridades electorales, menos aún cuando faltan apenas días para que los ciudadanos acudan a las urnas”, advirtió.
No obstante, la solicitud de Ochoa no fue conocida por el pleno del CNE. Su intervención, sin embargo, ha generado debate sobre el uso de la institucionalidad electoral para proteger figuras políticas específicas.
