El 57% de las 400 denuncias que se interpusieron ante el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) en 15 meses son de mujeres que expusieron atropellos en diferentes instituciones del Gobierno.
El organismo recoge denuncias entre enero de 2022 a marzo de 2023 por acoso sexual, hostigamiento, persecución política, malos tratos, renuncia forzada, discriminación y ser víctimas de difamación en las redes sociales.
En el 63% de los casos, las instituciones eran lideradas por hombres, estipuló la Unidad de Estadísticas del Conadeh que emitió el informe la noche del lunes.
En ese periodo, cerca de 6,000 personas fueron afectadas por decisiones adoptadas por los titulares en varios entes gubernamentales que concluyeron en despidos de los empleados.
Entre las instituciones gubernamentales denunciadas están la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), el Sistema Nacional de Emergencias 911, el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Sanaa), la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) y la antes llamada Dirección Nacional de Niñez y Familia (Dinaf). Asimismo, el Servicio de Administración de Rentas (SAR), la Secretaría de Derechos Humanos, Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Salud.
Se suma la Secretaría de Educación, Policía Nacional, hospitales generales, clínicas, centros regionales, escuelas, alcaldías, colegios públicos y direcciones departamentales.
Darío García, uno de los titulares de las instituciones denunciadas, en este caso Copeco, se refirió al informe y dijo que toda dependencia debe estar abierta a las investigaciones.
“Yo entré en febrero de 2023 y nosotros a partir de ese momento hemos impulsado una unidad de género y estamos trabajando en la reglamentación donde cualquier mujer que sienta un atropello puede denunciar”.
García agregó que “si hay denuncias se trabaja con la confidencialidad, se da el seguimiento hasta llegar a una investigación fidedigna.
La mayoría de las mujeres, que denunciaron ser víctimas de violaciones a sus derechos laborales prestaban sus servicios en el sector docente, enfermería, medicina o ejercían la profesión del Derecho.
Elvin Canales, presidente de la Asociación Nacional de Empleados Públicos de Honduras (Andeh), fue del criterio que el Gobierno debe actuar y nombrar una comisión para investigar estas denuncias.
“Si existen las denuncias en el Conadeh lo propio que puede hacerse es hacerse el procedimiento e investigar a las autoridades. No se puede violar los derechos y lo que podemos hacer es el llamado a la presidenta que intervenga con una comisión con respecto a las denuncias”.
Para Canales “si se han cometido estos abruptos, hay que actuar. Se debería nombrar una comisión y que se deduzcan responsabilidades”.
